By El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) advierte una vez más sobre la gravedad institucional de los pasos que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, está dando hacia la criminalización del periodismo profesional en la Argentina a partir del trámite impuesto a la denominada causa D’Alessio.
En una decisión cuestionable por múltiples razones, el magistrado había solicitado a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -un organismo público bonaerense creado para la promoción de políticas públicas de memoria y derechos humanos- que determinase si, mediante los centenares de notas que escribió en los últimos años, el periodista Daniel Santoro -procesado en la causa- intentó ejercer “acción psicológica” sobre la población.
Ahora, en un nuevo paso hacia la criminalización de una actividad que goza de la más amplia protección constitucional, la CPM envió a Ramos Padilla un escrito de 200 páginas en el que acusa a los periodistas Santoro, Jorge Lanata, Luis Majul, Gustavo Grabia, Nicolás Wiñazki, Rodrigo Alegre, Rolando Graña y Guillermo Laborda, entre otros, de participar con el falso abogado D’Alessio de una “posible interacción de inteligencia ilegal”.
En el escrito, la CPM describe el modus operandi de D’Alessio, define de manera muy vaga el concepto de “inteligencia” y “contrainteligencia” -con un criterio tan amplio que abarcaría la actividad de cualquier periodista de investigación- y recurre al verbo condicional para atribuir actividades supuestamente ilegales a los periodistas, en especial a Santoro.
En esta causa, en la que la investigación sobre el accionar del principal sospechoso, Marcelo D’Alessio, quedó en segundo plano para centrarse en la actividad del periodismo, Ramos Padilla pretende aplicar la ley de inteligencia al ejercicio profesional de los periodistas. Y en esa dirección encargó ese análisis a la CPM, entidad que no reviste las características de un organismo técnico capaz de auxiliar a la justicia en la materia.
Como ya sostuviera en su oportunidad Fopea, en el ejercicio periodístico el mero hecho de entrevistar en público a una fuente, o el intercambio de mensajes con una fuente informativa, no son “indicios de un nivel de coordinación” entre el periodista y el entrevistado para cometer un ilícito, como viene insistiendo el juez Ramos Padilla para criminalizar el oficio periodístico en sucesivas resoluciones referidas a Santoro.
Las entrevistas y el contacto con fuentes de toda naturaleza forman parte de la rutina diaria y permanente en los medios de comunicación. Atacar estas prácticas es alimentar la campaña de hostigamiento y persecución contra el periodismo profesional que se viene dando desde hace más de una década en nuestro país, impulsada desde sectores políticos que no comprenden la importancia y la necesidad de la sociedad de contar con periodistas comprometidos con la investigación de los hechos, profesionales y veraces en el tratamiento de la información.
Fopea seguirá denunciando estos hechos y advierte a la sociedad sobre una peligrosa escalada de consecuencias institucionales impredecibles.
