By La Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), el Foro de Periodistas Paraguayos (FOPEP), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública de Uruguay (CAinfo) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), en defensa de los profesionales de la prensa del Mercosur, alzamos nuestras voces en conjunto contra el acoso judicial a los periodistas que investigan la corrupción pública en nuestros países.
Desde diversos sectores del poder político de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina existe un discurso estigmatizante y difamatorio del periodismo con el objetivo de negar el rol de los periodistas de controlar al poder, según las tradiciones y regulaciones democráticas. Como resultado, en cada uno de nuestros países hay varios periodistas, cuyas investigaciones han revelado importantes actos de corrupción pública, a quienes se los acosa judicial y políticamente.
Esos periodistas son víctimas de procesos judiciales arbitrarios impulsados desde los gobiernos directa o indirectamente. Y, además del abuso judicial contra esos hombres y mujeres de prensa, desde el poder se desatan campañas en las redes sociales para destruir la reputación profesional y personal de los periodistas y dañar su buen nombre y su credibilidad.
El discurso de muchos oficialismos en la región busca deslegitimar la investigación periodística en un claro intento de evitar responder en forma concreta a las denuncias realizadas desde la prensa y para demoler la credibilidad personal de los periodistas que investigan los hechos de corrupción. Al mismo tiempo, varios de estos poderosos actores gubernamentales sostienen con dinero estatal los medios que, sin seguir ni respetar los parámetros éticos o de calidad del periodismo profesional, amplifican el acoso público contra sus colegas.
Por lo expuesto, nos dirigimos a la Cumbre de Presidentes del Mercosur para solicitarles a los mandatarios un compromiso democrático que visibilice la importancia del periodismo en la lucha contra la corrupción. Nuestros cuatro países han ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, mediante la cual se comprometieron a “respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción”. Por eso, todo intento de afectar la labor del periodismo implica desconocer esta Convención y es, en sí mismo, una violación evidente de las mejores tradiciones democráticas.
