By El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresa su preocupación frente un nuevo embate judicial al que es sometida la periodista de Tucumán Irene Benito y advierte que ampliará el repudio y las denuncias por hostigamiento contra la colega ante los órganos supranacionales de Derechos Humanos.
Esta vez, el Ministerio Público Fiscal recurrió la sentencia de la camarista penal Alicia Freidenberg, que dejó sin efecto la participación como querellante del letrado Alfredo Falú en la causa judicial, un abogado y funcionario público que había sido investigado por Benito y el medio en el que aquella trabaja, La Gaceta, en conexión con una serie de casos de supuesta corrupción judicial. Freidenberg había concluido que se trata de una cuestión que no trasciende el derecho privado, por ende, ajena al derecho penal. Ahora, la fiscal de Cámara Marta Jerez de Rivadeneira interpuso un recurso de casación para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y afirmó que el fallo de la camarista reviste “gravedad institucional”.
Resulta cuanto menos insólito que la fiscal que recurre el fallo en favor de la periodista sea, casualmente, la madre de la fiscal de instrucción (Mariana Rivadeneira) que había impulsado la acusación contra Benito. En su recurso, Jerez de Rivadeneira utiliza los argumentos de la colega en su contra e invoca jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada para supuestos de actuación desbordada del sistema represivo estatal, con lo cual pone al Estado en posición de víctima de derechos humanos. FOPEA advierte que se está frente a una grave lesión de la garantía de imparcialidad objetiva y subjetiva al habilitarse una vía recursiva “parental”.
FOPEA reitera su preocupación por las implicancias que este caso puede tener para el ejercicio de la libertad de expresión porque el objetivo claro que persigue es disciplinar a la prensa crítica e independiente. La criminalización de la actividad periodística en Tucumán forma parte central del reporte sobre Argentina que esta organización presentó ante el Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de Naciones Unidas y denunciada ante la Relatoría de Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
