By Ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial han sido firmes en su política hacia la ex-SIDE, y por ello el periodismo ha sido notablemente afectado. En los últimos años, varios periodistas, como Daniel Santoro, Gustavo Sylvestre, Miguel Bonasso y Gerardo Young, han sufrido el acoso de los servicios de inteligencia, incluso también a través de acciones judiciales.
El Poder Ejecutivo ha utilizado a los Servicios de Inteligencia, entre otras cosas, para perjudicar a periodistas, dirigentes opositores o para organizar actos políticos. El Poder Legislativo ha demostrado una inacción notable en este tema, que se expresa en la poca actividad de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Tampoco el Poder Judicial ha tenido actitudes firmes para ejercer el control ciudadano de los servicios de inteligencia.
Toda esta inacción negligente de los poderes del Estado perjudica el funcionamiento libre del ejercicio periodístico. Esta es posiblemente el área del estado donde la democracia ha avanzado menos desde la dictadura hasta la actualidad. Para peor, FOPEA no ve ni en el actual Poder Ejecutivo ni en los principales candidatos a ocuparlo en las elecciones de octubre del 2015, que se le de importancia a un tema que merecería una activa y firme política de estado para preservar los derechos de los ciudadanos.
En el mismo sentido desde FOPEA rechazamos que el ex jefe de Contrainteligencia de la SI, Antonio Stiuso, acusado de ataques y persecuciones a periodistas, haya descalificado personalmente al ex diputado y periodista Miguel Bonasso. Esta descalificación, proviniendo de quien se trata y de los recursos que manejaba y maneja, constituye una presión sin ningún tipo de justificación.
Con frecuencia las noticias más importantes para la sociedad son aquellas que el poder quiere ocultar por medio de los servicios de inteligencia. Para que los periodistas puedan informar sobre estos temas, es importante que tengan la posibilidad de preservar la confidencialidad de sus fuentes de información y trabajar en un marco de respeto de las libertades individuales y los derechos garantizados por la constitución. El mandato de los servicios de inteligencia está acotado a la seguridad nacional, bien entendida como la seguridad del pueblo y no a la protección de un gobierno de turno.
