By A un mes de la condena del periodista Diego Masci, en San Luis, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) reitera que el uso del derecho penal para sancionar la difusión de información es contrario al derecho a la libertad de expresión, según los estándares interamericanos en la materia. Más aún, sostenemos que se genera un efecto de amedrentamiento para la generalidad de periodistas. La intervención en el juicio de funcionarios políticos de alto nivel, como el gobernador de San Luis, tiene también un impacto negativo para la libertad de expresión.
Cuando por la difusión de información se producen daños, estos no pueden ser reparados a través de la censura o de sanciones penales. En particular, la libre expresión tutela especialmente la información concerniente a funcionarios públicos, que se exponen voluntariamente al escrutinio de la sociedad.
La sentencia en el caso Masci indicó que hubo una violación de la confidencialidad por parte de quienes recibieron el video, pero esa violación no puede ser atribuida al periodista que recibe esa información. Los periodistas no están obligados por deberes de confidencialidad, y no pueden ser sancionados por conductas ajenas.
FOPEA reclama que la sentencia sea revocada para garantizar el derecho a la libertad de expresión en Argentina y en cada una de sus provincias.
