By En el Día Internacional de la Libertad de Prensa resulta imprescindible analizar cuáles son hoy las más gravitantes amenazas que se ciñen sobre ella, tanto a nivel internacional como nacional. En el mundo y en particular en América Latina los peligros que se proyectan sobre este derecho fundamental muchas veces estuvieron relacionados con los ataques y condicionamientos que ejercen los gobiernos –nacionales, provinciales y municipales– y las diferentes estructuras del poder estatal, desde la censura explícita o implícita hasta el cierre de periódicos o emisoras de radio y tevé, pasando por los manejos con la publicidad oficial o normas restrictivas contra la libertad de prensa.
Esos fantasmas siguen existiendo hoy en día y por ello hacen falta regulaciones que limiten esa injerencia estatal, entendiendo también dentro de ese contexto la necesidad de que los medios públicos de comunicación deben ser estatales y no gubernamentales.
Pero los medios de prensa, además de ser instrumentos centrales del sistema democrático y del derecho ciudadano al acceso a la información, también se han convertido en un fenomenal negocio económico, con dosis influyentes y determinantes de poder simbólico y real. Eso trae aparejado que haya determinados condicionantes a la libertad de prensa que también surgen de las propias empresas periodísticas y donde los periodistas, como simples trabajadores de las mismas, suelen ser el último eslabón a la hora de poder ejercer ese derecho.
Frente a todos esos desafíos el verdadero compromiso democrático con este derecho por parte de los medios y los periodistas debe partir del real compromiso con la búsqueda de la verdad, la pluralidad de ideas y el servicio a los ciudadanos. Esa responsabilidad debería estar acompañada por la existencia de códigos de Ética en el interior de todos los medios –sean éstos públicos o privados– que estén al alcance de la audiencia para que ella pueda “fiscalizar” si se cumple con esos compromisos deontológicos a la hora de informar.
Además es fundamental que el público conozca quiénes son los verdaderos propietarios de esos medios, para poder comprender cuáles son sus intereses a la hora de brindar información o de posicionarse ante determinada realidad. Y que queden bien delimitadas dos fronteras: la que separa la opinión de la información y, hacia adentro de los medios, la que divide el departamento comercial del periodístico. También es central que se conozca si esos medios tienen un interés particular en otro tipo de emprendimientos no periodísticos que puedan explicar el lugar donde se ubica frente a un tema en el que tiene algún tipo de relación comercial, social o política.
Desde el punto de vista del accionar de los gobiernos en la materia resulta imprescindible que existan normas que regulen la publicidad oficial, el acceso a la información y los medios públicos, garantizando que en todos esos temas se priorice el derecho de los ciudadanos y la transparencia en la materia.
En el caso de Argentina, un instrumento fundamental –y por el que el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) viene bregando desde hace años– es la necesidad de que en el país exista una ley que proteja la libertad de conciencia de los periodistas. Esta norma permitiría a los profesionales de prensa, por ejemplo, negarse a realizar notas que no tengan que ver con el ejercicio del periodismo sino con intereses particulares de las empresas –públicas o privadas– y que aparecen disfrazadas de información “objetiva”. Sería un enorme avance en beneficio no sólo de los periodistas sino de toda la comunidad.
En definitiva, en un día como hoy es importante que cuando planteamos la defensa de la libertad de prensa lo hagamos desde el convencimiento de que ese pilar central del sistema democrático implica derechos y responsabilidades, sin que esto pueda ser usado por ningún tipo de poder para ejercer una coerción sobre medios o periodistas. Un país, un mundo, sin una vigencia plena de ese derecho no será jamás libre.
