By Análisis del acceso a la información en Córdoba a cargo de Edgardo Litnivoff. El texto es parte del libro Cuando aumentan las necesidades, son aún más importantes las libertades, de FOPEA.
DESCARGÁ EL LIBRO DE FOPEA
Hecha la ley, acecha la trampa
Por Edgardo Litvinoff
El paraíso de los periodistas debe tener forma de una Biblioteca de Alejandría administrativa, real o virtual: un centro de difusión en el cual cada quien puede acceder al dato más ínfimo que certifique la operación más nimia que se haya realizado en todos los niveles del Estado, hasta el día de esa consulta.
Pero no.
Ese sueño borgiano contradice a la realidad, que tiende a parecerse a esa misma biblioteca, pero después de su piromaníaca decadencia.
La normativa argentina y la de la mayoría de las provincias suelen ser claras sobre el acceso a la información, pero la práctica aún está demasiado lejos de lo que consagran esas leyes.
Los “atajos” de las autoridades para eludir su cumplimiento son la normalidad y la creatividad puesta al servicio de la elaboración de ese entramado muestra un grado de eficacia que, si se trasladara a las demás políticas públicas, seríamos un país rico. Pero no.
Un ejemplo simple que ilustra a la perfección ese pantano en el que los periodistas tratamos de encontrar la información: en la provincia de Córdoba, ningún ciudadano podrá saber cómo se gastaron los 5.595 millones de dólares que, según el propio gobernador, se destinaron a obra pública en los últimos cuatro años. Ello es así porque la provincia realiza esas obras a través de Caminos de las Sierras, una sociedad anónima -con el Estado como único socio, con el 100% de las acciones- que recibió la mayoría de esos fondos como “aportes de capitalización”, una figura que los exime de pasar por el control del Tribunal de Cuentas.
Es decir, nadie sabrá cuánto nos costó un puente, una pavimentación, un movimiento de suelo o una bolsa de cemento. La ingeniería para lograr esto halló un resquicio “legal”, que convierte en papel higiénico cualquier norma de acceso a la información, por más elaborada y específica que sea.
Si esto sucede en una provincia como Córdoba, ni hablar en otros lugares del interior del país, donde los mecanismos institucionales son mucho más laxos. Como Chaco, por ejemplo, en donde sucede algo similar: las compras de la administración provincial son delegadas en la Fiduciaria del Norte, una sociedad anónima que no tiene las mismas obligaciones ante el Tribunal de Cuentas que las demás reparticiones públicas.
El derecho al acceso a la información es el hermano gemelo del derecho a la libertad de expresión: no hay derecho a difundir información si esta no es accesible.
A fines de 2019, un informe del diario La Voz revelaba que, de todos los pedidos de acceso a la información realizados a la Provincia y al municipio capitalino por cuatro de las organizaciones más activas -Red Ciudadana Nuestra Córdoba, Fundeps, Foro Ambiental y Córdoba de Todos-, solo uno de cada diez fue contestado de manera
satisfactoria.
Ambas administraciones tienen portales abiertos de datos que, de hecho, permiten obtener datos interesantes y comprobar eventuales irregularidades. Pero no es suficiente. El Poder Judicial también es un deudor en esta materia. Tras las elecciones nacionales y provinciales de 2015, tardaron casi tres años en difundir el listado de los aportantes de campaña de los partidos políticos que participaron de esos comicios, cuando debiera haber sido publicado a los tres meses, como máximo. Y el resultado era revelador: un tercio de los aportantes del peronismo cordobés eran proveedores del Estado, en una provincia gobernada por el peronismo. Algo que prohíben todas las leyes de financiamiento de campaña. Y la rendición de las elecciones de 2019 llegó, también con los plazos vencidos, sólo después de que la prensa difundió las dilaciones para entregar esa información.
La deuda pendiente es todavía demasiado evidente. Si el acceso a la información es hermano de la libertad de expresión, la impunidad es el hijo incestuoso de esas dos ausencias.
