El proyecto de resolución presentado en la legislatura provincial por el diputado Rubén Almará preveía solicitar que el Estado Nacional restrinja el uso de las redes sociales.

En su artículo primero se expresa: “Dirigirse al Poder Ejecutivo provincial, para que a través del Ministerio correspondiente y ante casos de conmoción interior, inste al organismo nacional competente en la materia a establecer políticas de regulación y restricción de los medios electrónicos de Internet y las redes sociales, tendientes a bloquear todos aquellos comentarios, expresiones y/o información de carácter delictivo, que lesionen la paz ciudadana, que promuevan al odio y la intolerancia, generen zozobra o desconozcan las autoridades legalmente constituidas”.

Posteriormente, el ministro de Cultura y Comunicación de la provincia, Pedro Baez, según publicaron fuentes periodísticas, pidió “las disculpas del caso a los usuarios de la red que debido a las múltiples interpretaciones que sobre la iniciativa se volcaron pudieron haberse sentido con razón incordiados” y manifestó a través de un comunicado que “el Gobierno de Entre Ríos siempre ha sido respetuoso de las libertades y de la institucionalidad de tal manera que esta circunstancia –que nunca estuvo ni cerca de concretarse por cierto- en modo alguno podría empañar toda una historia provincial en ese sentido”.

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