El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifiesta un enérgico repudio a las violentas agresiones físicas y psíquicas sufridas hoy por el periodista Julián Chabert y el camarógrafo Raúl Zalazar, de Canal 7 de Mendoza, mientras realizaban sus tareas periodísticas en una finca de la localidad de Los Corralitos, departamento de Guaymallén, en dicha provincia, en uno de los ataques a la prensa más graves ocurridos en el país en el presente año.
El equipo periodístico se encontraba realizando un trabajo de investigación por una denuncia de explotación laboral a 15 personas de nacionalidad boliviana, en su mayoría niños. Mientras conversaban con una mujer en una pequeña cocina, se acercó al lugar el dueño del establecimiento, Horacio Isgró, quien con un arma en la mano amenazó a Chabert y Zalazar y los encerró en la habitación. Chabert señaló a FOPEA que el agresor les gritó: “Ustedes ¿qué hacen acá? Me cagaron la vida, son la peor mierda del mundo. Los voy a matar!”.
Luego, Isgró llamó a su hijo, quien golpeó a los periodistas con un fierro en las piernas y en los brazos, los obligó a desnudarse, les quitó los teléfonos celulares (que no aparecieron) y los volvió a encerrar en medio de más insultos y amenazas. Además disparó tres tiros, uno de los cuales destrozó la cámara de Zalazar. Antes de eso, Chabert pudo avisar a un colega por teléfono, y eso facilitó la llegada de la policía, que los liberó a los pocos minutos. Chabert dijo que él y su compañero se encuentran bien, a pesar de los golpes y el miedo que sintieron en todo momento de que les dispararan. Los agresores están detenidos, a disposición de la fiscal de Delitos Complejos, Claudia Ríos, quien está evaluando los hechos para caratular la causa.
FOPEA se solidariza con Chabert y Zalazar y espera que la Justicia actúe con el máximo rigor contra los responsables de las agresiones y amenazas, y que se tenga en cuenta la posible comisión de delitos de privación ilegítima de la libertad, secuestro y el robo y la destrucción de las pertenencias. Por otra parte, FOPEA insta a las autoridades políticas de la provincia a repudiar el hecho y a pronunciarse a favor de la libertad de expresión y en contra de esta clase de ataques a los trabajadores de prensa, al tiempo que exige que se extremen las medidas para que esta clase de hechos no vuelvan a ocurrir.