El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) alerta sobre una demanda judicial presentada por el secretario de Hacienda y Administración de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y presidente de la Unión Cívica Radical de la Capital Federal, Emiliano Yacobitti, contra el periodista Alejandro Bercovich, algo que puede condicionar la Libertad de Expresión.
Bercovich, que debió tener custodia de personal de la Prefectura Naval por más de un año luego de las amenazas y amedentramientos recibidos en 2015 tras la publicación de una serie de informes que se emitieron por C5N y en los que denunciaban presuntos hechos irregulares de Yacobitti (y personas allegadas), ahora es querellado civilmente por el mismo funcionario público de la UBA por una serie de mensajes publicados a través de la red social Twitter, relacionados con los temas denunciados. Esto ocurre luego de que en la causa judicial en los que se investigó estos hechos fuese cerrada tras el sobreseimiento del investigado y la falta de apelación del fiscal. Según el periodista existen otros expedientes abiertos.
Desde FOPEA queremos alertar, como lo realizamos en casos anteriores, que este tipo de demandas contra periodistas de parte de funcionarios pueden derivar en restricciones a la Libertad de Expresión, censura o autocensura y que quienes detentan un cargo público están sometidos al escrutinio público de todos los ciudadanos y de la prensa. Eso está respaldado por los distintos tratados internacionales a los que la Constitución Nacional suscribe.
En la respuesta a la demanda, los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) -que representa a Bercovich- hacen mención a ese marco legal y plantean que la comunicación por Twitter también es alcanzada por esos parámetros, tal como lo han sostenido distintos fallos y jurisprudencia internacional. Mientras que la querella de Yacobitti -presentada originalmente por el abogado Alejandro Pereyra, actual director del área legal del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)- es por “daños y perjuicios”.
FOPEA alerta por las consecuencias que pudieran tener esta causa en materia de Libertad de Expresión, constituyéndose en un leading case por las características del mismo, y reclama a Emiliano Yacobitti que, en virtud de su calidad de funcionario público, desista de la misma.
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