By Ante la decisión del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, de procesar y embargar al periodista Daniel Santoro en el contexto del difundido caso de D’Alessio, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advierte una vez más sobre la gravedad institucional de este procesamiento por ser una clara criminalización de la labor periodística.
Los periodistas, como todos los demás ciudadanos, estamos alcanzados por el principio de igualdad ante la ley y podemos ser investigados y enjuiciados cuando seamos parte de acciones ilícitas. Sin embargo, el uso del derecho penal para amedrentar a periodistas, limitar el ejercicio de su libertad de expresión y de su actividad profesional es una práctica frecuente en distintas partes del mundo y también en nuestro país.
La actividad de un periodista de investigación implica que conoce hechos que pueden ser ilícitos. Y su deber es publicarlos. Los periodistas pueden tener conductas extorsivas cuando callan lo que conocen a cambio de un beneficio pero no cuando publican como noticia un hecho de interés social que ha sido verificado y en el que todos los involucrados fueron consultados. En ese sentido, además, toda medida de prueba judicial debe ser proporcionada para resguardar el secreto de las fuentes.
Como ya dijéramos en su oportunidad, en el ejercicio periodístico el mero hecho de entrevistar en público a una fuente, o el intercambio de mensajes con una fuente informativa, no son indicios de ninguna comisión de delito. Las entrevistas y el contacto con fuentes de toda naturaleza forman parte de la rutina diaria y permanente en los medios de comunicación.
