El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) hizo llegar formalmente una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La misma también fue remitida a los presidentes de todos los bloques políticos.
En el documento, FOPEA ratificó su profunda preocupación ante el inminente tratamiento legislativo que propone la derogación del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores.
La organización advierte a los diputados que la eliminación de esta norma —pilar fundamental para el ejercicio uniforme de la profesión— y no su revisión y actualización, constituiría un error histórico y un grave retroceso para la calidad institucional y la independencia del periodismo argentino.
Por ese motivo, la entidad ha expuesto ante organismos internacionales este nuevo avance contra la libertad de expresión en la Argentina, ya que se considera que la sanción de esta ley deteriorará aún más la realidad del periodismo en el país. De la misma manera, no se descarta la presentación de demandas ante estrados judiciales de todo el país, atento a la regresión que esta norma traería aparejada en la vigencia de derechos humanos fundamentales para la sociedad.
Jurisprudencia que sustenta la posición de FOPEA
La derogación del Estatuto implicaría una regresividad en materia de protección al trabajo de los periodistas y a la libertad de expresión, violando así el principio de progresividad que integra el bloque de constitucionalidad federal y que veda al legislador la posibilidad de adoptar medidas injustificadamente regresivas.
Desde FOPEA, ya en diciembre se expresaron reparos a la derogación de la Ley 12.908. Ahora, la organización advierte que su eventual eliminación colisionaría con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la causa “Milone”, por ejemplo, el Máximo Tribunal dio firmeza al principio de no regresión en materia de derechos fundamentales. Aún más, a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados han reconocido el derecho de toda persona a una mejora continua de sus condiciones de existencia.
Esta posición se sustenta en que, lejos de tratarse de una cuestión meramente laboral, el Estatuto contiene normas protectoras de la libre expresión, información y pensamiento. Los artículos 5 y 29 garantizan la libertad de expresión, opinión y pensamiento del periodista como derechos inalienables, al igual que la afiliación sindical o la pertenencia a partidos políticos.
El artículo 13 del Estatuto determina claramente el libre tránsito y el libre acceso a las fuentes de información y a las dependencias del Estado. En 1995, la CSJN sentenció que a un periodista debía permitírsele el acceso a un expediente judicial archivado (causa “Monzón, Florencio”), considerando como norma fundamental la Ley 12.908.
Asimismo, la ley protege la estabilidad del periodista como “base esencial” (Art. 38). La Corte Suprema afirmó la validez constitucional de la indemnización agravada (Art. 43), entendiendo que no constituye un privilegio ni una diferenciación arbitraria (Fallos 282:230, “Roca, Mario c/Análisis SA”). La Cámara Nacional del Trabajo también ha enfatizado que no puede cuestionarse la facultad legislativa de someter a una actividad profesional a normas específicas que, contemplando el interés social, acentúen la protección que le es debida (CNAT, Sala V, 30/11/1972).
Ejes de preocupación de la entidad
- Derechos adquiridos e identidad profesional: Su caída haría desaparecer las incumbencias profesionales y la propia definición de qué significa ser un periodista en Argentina.
- Fragmentación federal: Favorecería un sistema desigual, con profesionales de primera y de segunda según sus condiciones legales locales, algo que desde FOPEA se repudia.
- Protección de fuentes y Libertad de Expresión: La pérdida de la indemnización agravada es un obstáculo para la independencia y la investigación de temas de interés público. La degradación de las condiciones de trabajo potencia la autocensura y debilita el control cívico sobre el poder.
- Calidad informativa ante la desinformación: En tiempos de noticias falsas, la sociedad necesita periodistas profesionales con marcos claros de actuación. Derogar el Estatuto es nivelar hacia abajo.
La postura de FOPEA: Modernización SÍ, Derogación NO
La organización es enfática: defender la vigencia del Estatuto no implica desconocer sus anacronismos. FOPEA entiende que la Ley 12.908 contiene capítulos vetustos y carencias respecto a las nuevas tecnologías y las dinámicas digitales.
Pero la obsolescencia de ciertos artículos no valida la derogación de la norma. La solución no es el vacío legal, sino el debate parlamentario serio y participativo para una reforma que modernice la ley adaptándola al siglo XXI, conservando el espíritu de protección y de estabilidad profesional. Eliminar la ley por sus defectos de antigüedad es dejar a la profesión a la intemperie.
Por lo expuesto, la entidad instó a los representantes de todos los espacios políticos a evitar la derogación del Estatuto y a propiciar el intercambio necesario para actualizar la norma. FOPEA se puso a entera disposición para profundizar estos puntos en una reunión urgente.

