FOPEA repudia la grave agresión física sufrida por el periodista Samuel Huerga, ocurrida el 27 de mayo pasado en Orán, Salta, mientras era cubierto un enfrentamiento entre habitantes desalojados de un asentamiento y efectivos de Infantería.
El periodista y dos testigos sostienen que el agresor fue el comisario que actuaba en el operativo.
Samuel Huerga, de Radio Cadena NOA y corresponsal de Nuevo Diario en Orán, fue golpeado en la cabeza con un elemento contundente y quedó inconsciente por minutos.
El hecho tuvo lugar en la madrugada del 27 de mayo de 2008, alrededor de la 1, mientras Huerga se encontraba cubriendo un enfrentamiento entre vecinos desalojados del asentamiento La Canchita y policías locales.
Huerga relató a Fopea y en la denuncia judicial que, mientras filmaba con una cámara con visor nocturno, pudo distinguir cómo policías golpeaban en el piso y luego en una camioneta a un hombre al que luego identificó como Valentín Mamaní, empleado municipal.
Un policía solicitó a Huerga que cese la filmación e intentó tapar el lente de la cámara. Instantes después, el periodista recibió un golpe con un elemento contundente que le produjo cortes y pérdida de conocimiento durante minutos.
Un hombre y una mujer auxiliaron a Huerga y pusieron a salvo el video. La cámara registró cuando policías dispararon balas de goma al periodista y sus acompañantes. El hombre que ayudaba a Huerga recibió al menos 12 balas de goma y cayó.
El periodista agredido y dos testigos identificaron al agresor como el comisario Roberto Salto, de la Unidad Regional Nº 20 de Orán. Fopea intentó comunicarse con Salto, pero el mismo se encuentra con licencia médica. Asimismo, no recibió respuesta del Jefe de Unidad a cargo.
En el informe policial sobre el enfrentamiento, al que accedió Fopea, no consta ninguna referencia al periodista herido.
Fopea exige al gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey una exhaustiva investigación, la separación definitiva del cargo del comisario en cuestión si se comprueba su culpabilidad y la implementación de políticas institucionales que garanticen que no vuelva a ocurrir un episodio similar.