Entre 2008 y 2011 el derecho de acceso a la información pública ha sufrido graves retrocesos en la Argentina. El régimen de acceso actualmente vigente –establecido por medio de un decreto del Poder Ejecutivo de la Nación— ha demostrado ser insuficiente para proteger y promover éste derecho fundan mental. El órgano de aplicación administrativo ha demostrado ser incapaz de promover las políticas de transparencia necesarias para terminar con la cultura del secreto que persiste en muchas áreas del Estado argentino. Ante este contexto, la sanción de una ley de acceso a la información pública de acuerdo a los estándares internacionales en la materia se presenta como el remedio apropiado para una situación grave que no sólo afecta al derecho de acceso a la información pública sino también a otros derechos humanos que se ven afectados por la opacidad y falta de transparencia del Estado.
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