La posición del Foro de Periodismo Argentino frente al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

FOPEA considera imprescindible el debate que se está dando en la sociedad y en el Congreso de la Nación en torno a la necesidad de tener una nueva norma que regule a los medios audiovisuales para fomentar el pluralismo y la libertad de expresión. Creemos que el debate legislativo debe ser profundo y sin plazos pre-establecidos desde ningún sector, e instamos al Gobierno y a la oposición a lograr un amplio consenso, en un tema que creemos debería ser una política de Estado. La ley definitiva debe ser socialmente confiable, base de sustento indispensable para su pacifico acatamiento. Sería importante que se tengan en cuenta ideas y propuestas del resto de los proyectos que todavía tienen estado parlamentario. La deuda en la materia alcanza a todos los sectores que gobernaron la Argentina y es responsabilidad de todos subsanar esta falencia de la democracia.

Durante toda la historia de la radio y la televisión argentina, los mecanismos poco transparentes para la gestión de las licencias han sido la principal restricción para el desarrollo del periodismo profesional. Esto ha generado que la calidad de la información que los ciudadanos recibieron y reciben, eje de la tarea de FOPEA, esté condicionada en muchos casos por acuerdos entre poderes políticos y directivos de medios, concretados a espaldas de la ciudadanía.
Como organización profesional de periodistas defendemos los valores esenciales de la democracia, la honestidad, el pluralismo y la tolerancia [1], y sostenemos que la información es un derecho humano básico que debe ser garantizado por el Estado.
Por eso, FOPEA considera que se debe hacer todo lo posible para fomentar un nuevo marco regulatorio y que éste sea efectivamente respetado por el Estado y los licenciatarios, en beneficio de toda la comunidad.
Después de una consulta a sus 270 socios en todo el país, de convocar a varias reuniones con expertos y de organizar conferencias abiertas en las que participaron representantes de distintos sectores involucrados, FOPEA definió 16 puntos que impulsará ante los legisladores y la sociedad para que sean incorporados a la nueva legislación.

Estos puntos son los siguientes:

1. Creemos que para garantizar la calidad y la pluralidad de la información que se brinda a través de los medios, la ley debería contemplar la exigencia de que todos los medios audiovisuales cuenten con una estructura de noticiero y programas periodísticos propios — solventados con recursos genuinos del licenciatario–, y con periodistas profesionales en relación de dependencia, cumpliendo con todas las obligaciones laborales y seguridad social, y de acuerdo al Estatuto del Periodista Profesional [2].

2. Proponemos que a los licenciatarios se les exija, al presentarse a una licitación, un código de ética, lineamientos de estándares profesionales y un código de conducta empresaria. Asimismo, deben comprometerse a la financiación y organización de la capacitación permanente de sus periodistas. Todas estas pautas para garantizar la calidad periodística deben poder ser demostrables. El incumplimiento de estos compromisos debe ser considerado una falta grave.
Sugerimos que la ley disponga que cada medio designe un Defensor del oyente o del televidente, de acuerdo al modelo de la Asociación Internacional de Ombudsman [3], considerando las categorías de medios que disponga la norma.
Debería exigirse a los licenciatarios prácticas de Responsabilidad Social Empresaria evaluables por Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajen en la materia en el área específica.

3. Creemos que hay que evitar la conformación de monopolios u oligopolios públicos o privados, porque entiende que esto afecta la pluralidad y la calidad de la información que se brinda a los ciudadanos, y las condiciones del ejercicio de la profesión.

4. Sostenemos que se deben promover el federalismo y la generación de contenidos locales. Para ello, se deberán generar mecanismos que limiten la abrumadora presencia de contenidos emitidos desde Buenos Aires hacia el resto del país. Asimismo, se deberán contemplar mecanismos de financiación para la producción de programas periodísticos en cada provincia. Esas políticas de financiamiento deberán ser transparentes y no ser utilizadas para condicionar la independencia profesional.

5. Creemos que el Estado debe garantizar a toda la ciudadanía la provisión gratuita de una cantidad considerable de señales de canales y radios en todo el territorio nacional. Asimismo, debe generar una política para las emisoras de frontera que garanticen la emisión mayoritaria de señales argentinas. Avalamos, también, la propuesta de implantar un abono social, en los servicios de radiodifusión por suscripción, acorde al lugar de emplazamiento de cada señal.

6. Consideramos que los medios estatales deben ser públicos y no gubernamentales. En pos de este objetivo, sus autoridades deberán ser designadas por concurso y su gestión no deberá recibir interferencias del poder político de turno. Los noticieros y otros programas periodísticos deberán reflejar el pluralismo y la diversidad de voces existentes en la sociedad. Esta obligación es mayor aun en los medios estatales, por manejar recursos de todos los ciudadanos.

7. Proponemos que la autoridad regulatoria sea un organismo técnico independiente y autárquico del Estado y autónomo de los partidos políticos, que se encuentre sometido a las garantías del debido proceso y al control judicial, tal como señala el Informe 2008 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA [4]. Debería estar conducido por un Directorio designado por concurso, en términos similares al decreto presidencial 222/03, que incluya una evaluación pública de antecedentes y una posterior aprobación legislativa. Este Directorio debe tener representación federal, y sus delegaciones regionales o provinciales deben tener capacidad operativa suficiente para cumplir los objetivos de la ley.

8. Sugerimos que los criterios de selección de los miembros de la autoridad de aplicación estén vinculados a los antecedentes democráticos de los aspirantes; la experiencia en medios de comunicación o entidades afines; la formación conceptual sobre el pluralismo informativo, el regionalismo, las expresiones culturales múltiples y la ética periodística; el conocimiento sobre la legislación internacional vigente; y la exposición de un plan de trabajo plurianual.

9. Apoyamos la generación de condiciones que impidan el manejo arbitrario de la adjudicación y control de las licencias. Los mecanismos deben ser públicos y transparentes. Asimismo, alentamos la realización de audiencias públicas en el proceso de adjudicación y renovación de las licencias.

10. Sugerimos la confección de un informe sobre la situación legal de las emisoras de radio, televisión y de cable [5], a cargo de una Comisión específica a crearse, tomando como referencia la experiencia de Ecuador. Allí, a fines de 2008 se creó una Comisión de Auditoría de Concesión de Frecuencias de Radio y Televisión [6], integrada por personalidades independientes, que tras un exhaustivo trabajo de seis meses, elaboró un informe muy completo que está sirviendo para sacar finalmente de la oscuridad un tema de enorme interés público, y además mejorar la calidad del debate, pues pone la información a disposición de todos.

11. Acordamos con la propuesta de reservar un tercio de las frecuencias que se asignen en cada distrito, a universidades y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, creemos que en el sector comercial debe promoverse la existencia de empresas periodísticas pequeñas y medianas, y no sólo de las más grandes.

12. En lo que respecta al propuesto Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, sugerimos que sus conclusiones sean vinculantes y solicitamos una mayor presencia de asociaciones profesionales, sindicatos e instituciones universitarias relacionadas con la actividad periodística en su integración.

13. Creemos que es complementario con los objetivos de esta ley la aprobación de una norma que regule la forma en que el Estado, en todos sus niveles, asigna la pauta publicitaria oficial.

14. En el marco de debate que se abrió con este proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promovemos la derogación de las sanciones penales por calumnias e injurias, que pueden ser utilizadas como “leyes mordaza” y que contradicen el espíritu de lo señalado en el texto en debate.

15. Teniendo en cuenta que en los principios generales de esta ley figura un acceso más democrático a los medios y la ratificación del derecho humano a la información, creemos necesaria la sanción de una legislación amplia (nacional, provincial y municipal) que garantice el acceso a la información pública.

16. Para evitar un excesivo margen de discrecionalidad en la reglamentación de la ley por el PEN, sugerimos especificar lo más posible su articulado a partir de los consensos alcanzados en el Congreso de la Nación, en especial respecto de la conformación de la autoridad regulatoria. Asimismo, pedimos que el Poder Ejecutivo respete sin distorsiones el texto que sea sancionado en el Congreso al reglamentarlo.
Foro de Periodismo Argentino

Más información:

[1] Este concepto fue planteado en el Código de Ética de FOPEA, vigente desde 2006
[2] http://www.fatpren.org.ar/Secciones/Estatuto.htm
[3] http://www.ombudsassociation.org

[4] http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/INFORME%20ANUAL%20RELE%202008.pdf
[5] Compromiso de los socios de FOPEA con Parámetros Mínimos de Calidad Profesional (Punto 7)
[6] http://www.auditoriafrecuencias.org.ec/