En Entre Ríos se había aprobado una modificación a la Constitución que podría vulnerar la libertad de expresión pero los constituyentes se echaron atrás.
La Convención Constituyente de Entre Ríos había aprobado una modificación al artículo 17 de la Constitución provincial, que establecía la obligación de los funcionarios de resarcirse por medio de una querella ante imputaciones de hechos que pudieran ser encuadrados como delitos, ya fuera que la exposición de éstos haya sido con una denuncia en sede judicial o por la prensa. Finalmente se resolvió dar marcha atrás y sugerir que la Legislatura dicte una ley.
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