By Al cumplirse el primer año del Gobierno Nacional, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), expresa su balance sobre la relación entre este y el periodismo. Creemos que dar con claridad nuestra visión puede contribuir a mejorar aquellos aspectos de la gestión que no han sido aceptables y a ratificar los que han sido acertados.
Consideramos que la publicidad oficial es la principal herramienta de censura indirecta en nuestro país, y por eso volvemos a solicitar mecanismos para minimizar ese disciplinamiento que induce esa forma de financiamiento estatal. Esta es una realidad que se agrava en casi todas las provincias, y desde FOPEA queremos enfocarnos en 2021 en promover la mejora del sistema. Por eso, nos parece urgente la definición legislativa de una ley nacional de publicidad oficial que pueda tener el consenso de todos los sectores.
Los medios estatales nacionales no son medios públicos, y no se ve suficiente voluntad política para concretar esa transformación. Notamos que, a veces, se intenta compensar la dificultad en obtener el apoyo de la opinión pública con una acción más abiertamente oficialista por parte de los medios estatales. En especial, en la Televisión Pública y en Télam, la visión gubernamental tiende a definir la cobertura y no se percibe que se haga el esfuerzo necesario para que haya una visión realmente inclusiva en la que estén representados todos los sectores sociales y políticos.
En algunos de estos medios también hemos tenido noticias de que profesionales que no adscriben políticamente al oficialismo han sufrido consecuencias en su trabajo diario y que, incluso, se los ha invitado a renunciar.
El ejercicio de un periodismo federal sigue siendo una deuda importante en los noticieros del canal estatal. En ese medio, la restricción a que existan corresponsales en las provincias hace que la cobertura esté concentrada en el AMBA y que tenga una visión generalmente centralista y unitaria. Los medios estatales nacionales son financiados por todos los argentinos y no por un distrito en particular. A esta falta de corresponsalías se suma la desaparición de otras agencias de noticias, lo que genera un importante vacío informativo, porque la realidad de las provincias ahora está subinformada.
El presidente Alberto Fernández ha dado muchas entrevistas y mantiene frecuentes contactos individuales con periodistas. Además, ha aceptado ser entrevistado por quienes son críticos de su gestión. Esa práctica también se ha realizado en varios de sus viajes a las provincias, donde los profesionales locales tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y recibir las respuestas de la máxima autoridad del país. Pero también el presidente Fernández ha dado su aprobación pública a agravios contra periodistas, y él mismo ha tenido comentarios públicos descalificadores respecto de mujeres y hombres de la prensa. Repetimos acá que criticar al periodismo es legítimo, pero que esa actitud es indebida cuando se pasa el límite del respeto y esa crítica se convierte en un agravio, o cuando va acompañada de algún tipo de represalia por la crítica emitida.
Varios voceros representativos del oficialismo han tenido expresiones estigmatizantes y participado activamente en campañas públicas con el intento de demoler la reputación de periodistas que investigaron e investigan casos de corrupción pública. En una curiosa e interesada argumentación que intenta clausurar la tradición democrática del periodismo de controlar los poderes públicos, destacados referentes oficialistas consideraron al periodismo de investigación como una indebida influencia sobre el Poder Judicial. Según esa interpretación, el periodismo condicionaría a los poderes políticos si denunciara casos de corrupción pública, e incluso se sugiere que sería una interferencia antidemocrática de la gestión de un gobierno electo. Así, toda iniciativa periodística que tenga impacto en la opinión pública o en otros poderes del Estado se convertiría en una acción opuesta y lesiva de las instituciones. Esta interpretación, por supuesto, contradice la tradición democrática mundial y también nuestra Constitución Nacional.
Quizás, la expresión institucional más grave se dio cuando el gobierno argentino presentó en la Organización de Estados Americanos (OEA), y nada menos que ante el Relator Especial para la Libertad de Expresión, una agenda oficial restrictiva de la libertad periodística. Precisamente, desde esa Relatoría de la OEA se ha señalado varias veces que el discurso denostador desde el poder político promueve distintos tipos de violencia contra los periodistas, tanto en la calle como en las redes sociales.
La realización de conferencias de prensa presidenciales, en los primeros meses de gestión, fue muy auspiciosa, aunque ahora vemos con preocupación que es una práctica que se ha ido relegando. A pesar de la experiencia mundial al respecto y de las posibilidades de virtualidad que dio la pandemia, esas conferencias de prensa nunca fueron abiertas a los periodistas de todo el país. Del mismo modo que el presidente ha realizado innumerables reuniones virtuales con todos los gobernadores podría organizar conferencias de prensa con los periodistas de todo el país para hablar de las cuestiones nacionales y no solo de las locales. Creemos que la federalización real y efectiva de las conferencias de prensa es una tarea pendiente.
Otro mecanismo posible para federalizar el acceso a preguntar al Poder Ejecutivo Nacional es establecer como obligatoria la realización de una conferencia de prensa con los profesionales de las zonas respectivas cada vez que se reúna el llamado Gabinete Federal, creado por la recién sancionada Ley de Capitales Alternas.
Notamos con preocupación que, más allá de la figura presidencial y ocasionalmente de la del jefe de gabinete, del Ministerio de Salud o del Ministro de Economía, la enorme mayoría de los ministros y ministras no tienen la práctica habitual de ofrecer conferencias de prensa. Este tipo de centralización informativa de un gobierno puede ser una limitación importante al acceso de la ciudadanía a conocer la gestión de cada ministerio. Además, a pesar de nuestra insistencia, no hemos logrado que los ministros y ministras, en general, realicen conferencias de prensa federales para recibir preguntas sobre su gestión, en forma simultánea y pública, de periodistas de todas las regiones del país.
Al mismo tiempo, FOPEA ha expresado durante todo el año la necesidad de que el periodismo realice una autocrítica profunda y que no sea promotor de la grieta que ha significado un proceso de degradación profesional evidente. Lo hemos hecho en varios de nuestros documentos, como el del Día del Periodista, cuando dijimos: “Por supuesto, todos creemos que es el otro el que está en la grieta y que nuestro trabajo es el más profesional. Pero deberíamos cuestionarnos: ¿Hice el esfuerzo suficiente para encontrar información que contradiga mi hipótesis? ¿Busqué en forma suficiente a voces y hechos que me pueden refutar? ¿Tiene mi trabajo la solidez suficiente para persuadir a una persona que tiene una opinión distinta a la mía?”.
Esto quiere decir que, así como le exigimos a cada gobierno que respete al periodismo, promovemos también el respeto de cada periodista a la profesión que ejerce.
Durante los últimos dos años FOPEA ha estado trabajando en un código de ética profesional actualizado que pretende representar el nuevo pacto profesional que el periodismo debe realizar con la sociedad. Ese documento ha sido aprobado en nuestra última Asamblea General de Socios, el pasado 4 de diciembre.
Por todo esto, y con ánimo de contribuir entre todos a que la democracia cumpla las expectativas de nuestro pueblo, es que hacemos pública esta declaración.
Comisión Directiva del Foro de Periodismo Argentino
Fernando J. Ruiz (CABA), Paula Moreno (Chubut), Claudio Jacquelin (CABA), Julio Perotti (Córdoba), Jéssica Ferradás (CABA), Fernando Stanich (Tucumán), Abel Escudero Zadrayec (Buenos Aires), Judith Córdova (Corrientes), Mariana Fernández (Neuquén), Mariana Gérez (Buenos Aires), Ezequiel Franco (Buenos Aires), Diego Granda (Jujuy), Denise Rabin (CABA) y Daniel Enz (Entre Ríos).
