Este documento se elaboró sobre la base del conversatorio virtual para periodistas en el ámbito de un proyecto apoyado por Voces del Sur.

La actividad fue el 5 de septiembre de 2024. En el panel participaron Paula Moreno Román, presidenta del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), y los abogados Ignacio Boulin y Franco Gatti. La abogada y periodista Irene Benito moderó este conversatorio abierto cuyo contenido ha sido transcrito y comprimido a los fines de facilitar el acceso a la información. 

Temario 

1.  ¿Por qué estamos hablando de la emergencia de la violencia en línea contra periodistas en la Argentina?
2. ¿Por qué esto parece incontenible? ¿Por qué al Gobierno le interesaría usar esta violencia en línea contra periodistas?  
3. ¿Constituye un delito insultar a un periodista acusándolo de corrupto? 
4. ¿Hubo alguna presentación ante la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la actitud de los funcionarios, en particular del Presidente, respecto de la violencia en línea? 
5. ¿Hay leyes contra discursos del odio en otros países? Y si así fuera, ¿qué opinión existe sobre este tipo de legislación? 
6. ¿El sistema judicial argentino está preparado para declarar las responsabilidades derivadas del ejercicio de la violencia en línea? 
7. En este momento existe una disputa compleja entre el Poder Judicial brasileño y la plataforma X, que está suspendida en el ámbito de una investigación sobre desinformación. ¿Qué se puede aprender de este conflicto en lo que atañe a la violencia en línea? 
8. ¿Es la polarización extrema una de las razones de fondo que explican el caso de Brasil, y, en términos globales, la desinformación y la violencia en línea? 
9.  ¿Qué pueden hacer los periodistas mientras tanto respecto de la violencia en línea?
   

RESPUESTAs

1) ¿Por qué estamos hablando de la emergencia de la violencia en línea contra periodistas en la Argentina? 

Paula Moreno Román:

-¡Yo tengo esa misma pregunta! La verdad es que se trata de una realidad que ya es agobiante. ¿Por qué estamos en este escenario? No es una cuestión exclusiva de la Argentina claramente, pero lo que estamos viviendo sí tiene algunas particularidades a partir de un fuerte protagonismo de actores claves en la vida institucional del país y de su intervención en redes. Se trata de insultos que no tienen que ver con la crítica. Este 5 de septiembre estuvimos en la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados y este era uno de los temas. Y les decíamos a los diputados que el problema no es la crítica al periodismo porque nosotros sabemos que esas son las reglas de juego, sino el insulto y las acusaciones falsas. Esto es preocupante porque los periodistas básicamente tenemos nuestro recorrido: eso es lo que llevamos de medio en medio. Si vamos a trabajar a otro lugar, lo que nosotros llevamos es lo que hemos hecho y, entonces, atacar nuestra credibilidad es básicamente atacar lo esencial de nuestro trabajo. Hay una estructura que sostiene ese discurso político negativo en particular hacia el periodismo. Y no se ve una intervención desde quienes, en las plataformas, son los dueños de casa: me parece que tendrían que decir algo al respecto, sobre todo cuando hay cuestiones lesivas, aunque es un terreno difícil porque no es fácil saber lo que es justo desde la mirada una plataforma. Es un fenómeno que está creciendo y no veo demasiadas alternativas para frenarlo. 

Franco Gatti:

-Creo, como Paula, que en primer lugar hablamos de este tema por un dato de la realidad y es el número creciente de agresiones. Como decían hoy las autoridades de FOPEA en la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, el Monitoreo registró más de 100 agresiones durante este año y buena parte de estas agresiones tienen lugar en entornos digitales. Además, la mayoría de los hostigamientos son perpetrados por funcionarios del Gobierno nacional. Esto es alarmante en relación con las estadísticas de años anteriores: por lo tanto, esa es una de las razones por las que hablamos de esto específicamente. Lo que vemos es que esta violencia hace presión sobre el debate público democrático porque son agresiones que de un modo u otro producen un efecto inhibitorio o disuasivo. Esto afecta al derecho de acceder a la información o la información plural de todos nosotros. 

Ignacio Boulin:

-Si estamos hablando de esto es porque nos cuesta encontrarle la vuelta. Por un lado, porque es un fenómeno muy complejo, pero, también, porque hay una muy escasa respuesta institucional. Si esto fuera un problema donde uno ve que se está haciendo un esfuerzo desde el Estado para resolverlo, baja la espuma. Pongo un ejemplo: la amenaza de violencia que vive la ciudad de Rosario estaba en la tapa de todos los medios en enero, diciembre y febrero. Pero el Gobierno se involucra en el asunto y baja un poco la espuma. Y por eso hablamos menos de estos temas. No es lo que está sucediendo respecto de la violencia en línea contra periodistas. Diríamos que ocurre lo contrario: vemos que son los actores estatales los que meten leña al fuego. Y eso tiene un impacto exponencial porque son voces con mucha fuerza. 

2) ¿Por qué esto parece incontenible? ¿Por qué al Gobierno le interesaría usar esta violencia en línea contra periodistas? 

Boulin:

-¿Por qué esto parece incontenible? Creo que es propio de la tecnología que da soporte a este tipo de agresiones. En el entrenamiento para jueces y abogados de América Latina que hicimos con FOPEA, Voces del Sur y la Universidad Austral veíamos que la propia dinámica de internet es muchas veces incontenible. Hay un ejemplo que me gusta poner y es que antes las abuelas solían decir, o al menos la mía decía, que con el diario de hoy se envuelve el pescado de mañana. Es decir, había un límite temporal muy fuerte para las noticias. Y un límite geográfico: lo que salía en La Capital de Rosario posiblemente quedaba en La Capital de Rosario y lo que salía en el diario de Los Andes de Mendoza quedaba en el diario Los Andes de Mendoza. También pasaba que lo que salía hoy ya había sido olvidado en un año. Internet rompe ese esquema temporal y geográfico porque todo queda allí, no como sucedía en el papel. Con los motores de búsqueda, es posible rescatar todo. Al mismo tiempo, internet también rompe la barrera geográfica, porque es posible ver las publicaciones de cualquier lugar. 

Una vez leí un libro muy interesante que decía que el cerebro humano no se acostumbraba todavía a tener noticias diarias sobre 1.500 personas que uno tal vez tenga como amigos en Facebook. Antes eso estaba restringido a 30, 40 o 50 personas de las cuales sabíamos lo que hacían: si se iban de viaje, etcétera. Ahora nos enteramos todo el tiempo qué comen, dónde están, qué hacen y qué les gusta a 1.500 personas. A esto hay que llevarlo a la dimensión de los ataques donde los violentos son usuarios desconocidos y que a veces actúan bajo el anonimato. 

En cuanto a por qué el Gobierno fomenta estos hostigamientos, yo creo que porque le conviene. A mí realmente me da curiosidad por qué han elegido, por ejemplo, a FOPEA de enemigo público cuando yo, que vengo trabajando con FOPEA desde hace 8 años, sé que esta organización era la primera que salía a repudiar los ataques de los gobiernos anteriores que hoy están en la oposición. Por eso me resulta un poco misterioso y supongo que debe obedecer simplemente a la práctica de estar todo el tiempo buscando enemigos con los cuales confrontar. Pero no me puedo explicar que un Presidente se ocupe tanto de un artista o de una organización como FOPEA porque realmente es una asociación que trabaja a pulmón y con muy pocos fondos. 

Moreno Román:

-El espacio virtual es muy impune y el anonimato aporta a esa situación. Muchas veces, lo que te dicen en las redes no te lo dirían cara a cara. Entonces, la violencia en línea tiene un alto nivel de impunidad y un bajo costo. Yo no sé si es un brote incontenible: sí necesito mirarlo con más esperanza a esta altura porque es esencial proteger el debate público. 

El último Día del Periodista conversamos con Jorge Lanata y él decía que pegar a un periodista es fácil. Yo coincido con él. Y, además, si ustedes miran dónde está hoy puesto el radar, las agresiones son dirigidas a periodistas de renombre. Mientras tanto, hay una vida en paralelo que está transcurriendo. Sería interesante ver qué sucedía en la agenda política y económica del país en simultáneo a las principales campañas de agresión contra periodistas. En algunos casos hemos identificado que, por ejemplo, sale un informe de la Universidad Católica Argentina que dice que hay un 52% de pobres y, el mismo día, aparece una denuncia penal contra dos periodistas muy conocidos. Entonces pareciera que cuestionar a periodistas es una forma de desviar la atención. 

Hay otra cuestión que me parece que no debemos dejar de mirar y que tiene que ver con que existe un mundo virtual que a veces tiene una realidad paralela, pero que también se está apoyando en algunos espacios de medios tradicionales. Ese es un terreno peligroso porque a veces estamos amplificando nosotros mismos manifestaciones divulgadas desde el anonimato porque entendemos que eso genera un caudal de vistas y de clics. En X (ex Twitter) hay un micromundo que no traduce exactamente lo que pasa en la calle. Cuando nosotros lo llevamos a los medios tradicionales, lo amplificamos. 

Pero los ataques al periodismo vienen creciendo en intensidad hace tiempo. Con Alicia (Miller) [integrante de la Comisión Directiva de FOPEA involucrada en la Comisión de Monitoreo] recordábamos hace unos días, y lo dijimos en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, que hace un tiempo el kirchnerismo hizo “juzgamientos públicos a periodistas” y promovió los escupitajos contra esos colegas. Hoy se está promoviendo que se los escupa en las redes, pero, al final, cambian los escenarios y las mecánicas siguen estando ahí. El periodismo parece ser el enemigo público número uno del Gobierno quizás porque molesta o porque controlar la información es un ejercicio de poder también. 

3) ¿Constituye un delito insultar a un periodista acusándolo de corrupto? 

Boulin:

-Puede o no constituir delito: para definirlo hay que analizar el nivel de la amenaza. Hay delito cuando existe una amenaza directa. Por ejemplo, si alguien dice “te voy a matar” o “te voy a mandar a matar”, en ese caso sí puede haber un delito de amenazas. Pero, en general, se trata de actos ilícitos muy complejos de probar porque es un delito que lo hace un usuario anónimo. Me parece que es muy complejo el tema de la prueba en esto. 

Por eso yo creo que, en realidad, una de las cosas que para mí fue muy rica, y que salió del entrenamiento para jueces y abogados, es pensar si no puede haber una responsabilidad civil más por el lado de las autoridades que difunden este tipo de mensajes, pues yo creo que ahí hay un daño. Tal vez esto sea más efectivo que una denuncia penal: es una solución posible. 

Moreno Román:

-hay dos cuestiones en relación con lo que decía Ignacio que tienen mucho que ver con el debate que hicimos internamente en el que nos acompañaron los abogados Hugo Wortman y Ariel Garrido: por un lado, FOPEA hizo una denuncia por un posible hecho contravencional, no penal, de hostigamiento digital en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otro lado, actuamos así no por la viralización de un chat falso, sino por todo lo que desencadenó el rechazo a la matriculación obligatoria de periodistas publicitada por el Gobierno [luego de la controversia, el Ministerio de Capital Humano borró el mensaje]. FOPEA recibió ataques como organización y, luego, el vicepresidente Claudio Jacquelin y yo fuimos agredidos en nuestras redes personales. 

Nuestra organización es muy visible y, a la vez, muy pequeña. Queríamos hacer algo ante estas agresiones, pero también sabemos que nuestras posibilidades de litigar son limitadas. Nosotros no tenemos la cabeza puesta en el conflicto y la judicialización: la verdad es que nos sigue gustando mucho más generar capacitaciones y dar debates constructivos sobre la libertad de expresión. Entonces, sabemos que en el mejor de los casos nuestra denuncia generará sanciones menores, pero para nosotros es algo simbólico porque no queríamos dejarlo como que “acá no pasó nada”. 

4) ¿Hubo alguna presentación ante la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la actitud de los funcionarios, en particular del Presidente, respecto de la violencia en línea? 

Moreno Román:

-Nosotros tuvimos una reunión hace 15 días en Buenos Aires con el relator de Libertad de Expresión, Pedro Vaca. Ellos están siguiendo muy de cerca la situación de la Argentina. Hay preocupación y, además, están analizando el modelo de agresión, específicamente hacia periodistas, y también están mirando mucho el tema ligado a las manifestaciones sociales. Se están analizando varias acciones. Nosotros hicimos presentaciones y hemos participado de audiencias temáticas por medio de Alicia Miller. Asimismo hemos puesto en conocimiento los casos de acoso judicial o SLAPP (“strategic lawsuits against public participation”). Ahora bien, me gustaría preguntar a Ignacio, que es un especialista en el tema, si están dadas las condiciones para avanzar de otra manera en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

Boulin:

-Recojo el guante. Desde el punto de vista regional, claramente la situación de la Argentina, si uno la compara, por ejemplo, con México, que es uno de los países más letales del mundo para los periodistas, resulta menos grave. En Perú en este momento hay entre 50 y 60 periodistas querellados por difamación. Entonces, en ese sentido, la situación de la Argentina es menos delicada que en otros lugares. Ahora bien, eso no implica que no tenga entidad o peso, sobre todo porque uno siempre va estar mejor si se compara con los peores de la clase. Entonces, yo creo que sí: vale la pena acudir a instancias internacionales tanto de las Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana. 

En estos ámbitos internacionales hay dos ámbitos. Por un lado están los monitoreos, que sirven para tomar contacto en forma temprana de lo que pasa en un país y prevenir violaciones graves a los derechos humanos. A partir de estos seguimientos, los organismos internacionales pueden emitir comunicaciones formales al Estado argentino para advertirle que existen señales preocupantes y que es necesario tomar medidas para evitar males mayores. Por el otro lado existen las acciones litigiosas, pero, para ello, hay que agotar las instancias judiciales nacionales. Al menos en este momento no sé de ningún caso específico sobre violencia en línea que haya agotado los recursos. Sí me parece que hay que tocar las puertas de los monitoreos internacionales y que esto es algo que FOPEA hace. Creo que las intervenciones tempranas generan presión para que el daño no se consume o no se termine de consumar. 

Gatti:

-En relación con lo último que planteó Ignacio, efectivamente el rol de monitoreo es importantísimo, sobre todo el que realiza el Sistema Interamericano por medio de la Relatoría. Yo tengo ciertas dudas respecto de la posibilidad de plantear un caso individual por la dificultad probatoria y recursiva. Entonces, hay que hacer todo el recorrido interno, obtener una sentencia que nos resulte a priori desfavorable, insatisfactoria o insuficiente, y, recién a partir de esa decisión, solicitar la revisión en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

5) ¿Hay leyes contra discursos del odio en otros países? Y si así fuera, ¿qué opinión existe sobre este tipo de legislación? 

Gatti:

-Sí, existe legislación sobre discursos de odio en otros países. Hace poco, por ejemplo, Sudáfrica aprobó una norma que está vinculada con su propia historia. Esto genera una discusión no sólo en el mundo del derecho, sino también en la sociología. Hay autores que están muy en contra de las leyes que prohíben los discursos de odio porque, según su criterio, agravan el fenómeno. En la Argentina esto se discute respecto de ciertos discursos que, por ejemplo, reivindican la dictadura o los golpes cívicos militares. Pero la pregunta es si una ley contra los discursos de odio no implica habilitar una respuesta punitiva del Estado que restrinja las libertades de expresión y de prensa. Tampoco está claro cómo definir el odio. Y, por último, existe una conversación más de tipo sociológica sobre si efectivamente estas leyes son útiles para reducir los niveles de agresión. 

Boulin:

-Franco explicó el tema muy bien. Yo personalmente veo las leyes contra el discurso de odio con mucha sospecha. Me pasa lo mismo que con la idea de que la violencia en línea podría solucionarse si se prohíbe el anonimato en las redes sociales: quienes proponen esta solución es porque en ese momento se sienten agredidos, pero, ¿qué pasaría si te persiguen por expresarte y el anonimato es tu forma de protegerte? Entonces, con el discurso de odio me parece que puede pasar lo mismo. Es muy difícil definir cuál es la expresión de ideas que, en general, la libertad de expresión protege. Puede suceder que dé cobertura a ideas aberrantes o nefastas. Sin embargo, la libertad de expresión no está pensada como la mejor opción posible, sino que es un sub-óptimo, es decir, una protección instituida a sabiendas de que va a haber daños. Lo contrario obliga a que alguien diga de antemano qué es odio y qué no lo es; qué es verdad y qué es mentira… Se pueden empezar a restringir expresiones que son lícitas por más que no resulten agradables o que, incluso, tengan el potencial de causar un daño. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos con la regulación del discurso de odio, sobre todo porque es una regulación que lo que busca es una censura previa, no una sanción posterior. 

Hay una serie de propuestas en discusión para regular el discurso de odio, pero yo opino que, por más que tengan buenas intenciones, pueden producir efectos negativos. Soy más de la idea de que tiene que haber más espacio para la libertad de expresión: tiene que haber más aire, y habrá que castigar o sancionar las expresiones en forma ulterior. 

Moreno Román: -En FOPEA hay un ejemplo reciente del proceder que recomienda Ignacio. La institución cuestionó a un abogado rosarino que había tuiteado que los periodistas éramos el cáncer de la humanidad y que había que matar a uno por día, y consiguió que el Colegio de Abogados de Rosario le suspendiera la matrícula por seis meses. Anteriormente, el Sindicato de Prensa de Rosario había formulado una denuncia penal, pero el Ministerio Público Fiscal la archivó con el argumento de que las manifestaciones no constituían delito. Nosotros fuimos al Colegio justamente porque nos dimos cuenta de que en el Poder Judicial no íbamos a obtener una resolución favorable. 

6) ¿El sistema judicial argentino está preparado para declarar las responsabilidades derivadas del ejercicio de la violencia en línea? 

Gatti:

-En 2022, FOPEA presentó el proyecto llamado “#100 Buenas Prácticas para la Defensa de Periodistas”. En este ámbito, se planteó la necesidad de que exista una articulación entre la actividad periodística y el sistema de justicia en la dimensión de la capacitación y, también, en la inclusión del tema de la libertad de expresión en los concursos judiciales porque efectivamente si alguien va a ejercer la magistratura tiene que conocer los estándares que rigen la libertad de expresión. Nosotros hasta proponíamos allí que estos temas formen parte de los exámenes que se toman a quienes aspiran a ser jueces y fiscales. ¿Por qué lo hicimos? Porque entonces detectamos el enorme problema que existía en cuanto a la formación de los jueces y de las juezas en temas generales sobre libertad de expresión, y por supuesto que esto es más grave aún en el contexto particular de la agresión en línea. Entonces, creo que, a priori, no está del todo preparado el sistema judicial para atender estos casos y tenemos un desafío al respecto. Es por ello que parte de este programa desarrollado con Voces del Sur apuntó a entrenar a jueces y a abogados. 

Boulin:

-Coincido con Franco. A lo que él dijo le agrego la cuestión de la lentitud. Nosotros nos encontramos con un fenómeno que se desencadena con una velocidad y un alcance asombrosos, que puede durar unos pocos días o, como máximo, un par de semanas. Cualquiera que haya lidiado con el sistema de justicia argentino y con el de América Latina sabe que los tiempos judiciales son otros. ¿Por qué? Porque es un sistema pensado para una realidad analógica, no para una realidad virtual, de la misma manera que la actividad de los periodistas está en un replanteo muy fuerte porque era una actividad pensada para una realidad analógica, no para una realidad virtual. 

Dicho esto, me parece que no siempre las personas somos capaces de escarmentar en cabeza ajena, y, por lo tanto, una sentencia condenatoria no necesariamente va a resultar disuasiva para el resto. Por otro lado, hay medidas que podrían facilitar la respuesta, pero que obviamente necesitan un cambio de cultura y de mentalidad porque requerirían más cooperación entre las plataformas y el Poder Judicial. 

Moreno Román:

-Yo siempre confío en la Justicia, lo que no tengo claro es si la Justicia tiene capacidad de respuesta. Este tema va más allá de la Justicia: como bien dice Ignacio, el Poder Judicial posee una cabeza analógica, pero eso también ocurre en la educación. Me pregunto quién enseña a los chicos a discriminar los mensajes que encuentran en la virtualidad. De hecho, los chicos nos enseñan a nosotros. Y es cierto que no todos los docentes son capaces de seguirles el ritmo porque todavía estamos en esa etapa de transición entre lo analógico y lo digital, en medio de cambios vertiginosos donde no hemos mencionado siquiera a la inteligencia artificial. 

Retomo la idea: creo en la Justicia, pero me parece que necesita una actualización rápida porque ya no estamos hablando del futuro, sino del presente. Y hay fenómenos como el de la violencia en línea que revelan una brecha grande. Está la cuestión de los recursos que es necesario evaluar y, si faltan, proveer. Entonces, sí confío en la Justicia, pero me parece que hay mucho que hacer para mejorarla. 

7) En este momento existe una disputa compleja entre el Poder Judicial brasileño y la plataforma X, que está suspendida en el ámbito de una investigación sobre desinformación. ¿Qué se puede aprender de este conflicto en lo que atañe a la violencia en línea? 

Moreno Román:-Esto está vinculado con la pregunta sobre hasta dónde pueden los Estados regular la libertad de expresión. Es un terreno muy difícil sobre todo en nuestras débiles democracias latinoamericanas. Entonces, dar al Estado la posibilidad de que ingrese en ese terreno también puede resultar peligroso. 

Gatti:

-En este conflicto existe una tensión entre la libertad de expresión y la defensa de la democracia. Si bien es cierto que la empresa X, antes Twitter, está sometida a la ley y tiene que acatarla, la sanción es desproporcionada teniendo en cuenta que no sólo la perjudica a ella, sino a todos los usuarios de Brasil. Esta red social tiene una implicancia tal que torna difícil que los periodistas puedan elegir si estar o no estar ahí. Si se van, dejan de formar parte de un lugar importante para el debate democrático. Es una red por la que efectivamente pasa la discusión pública. Entonces, suspender su acceso en todo un país, como hizo el juez brasileño, resulta una sanción que trasciende a la empresa en sí porque termina produciendo un efecto sobre la libertad de expresión del conjunto. 

Boulin:

-Veo la decisión como bastante problemática: para mí básicamente viola la libertad de expresión tanto de la empresa como de millones de usuarios que usan la plataforma para expresarse o para recibir información. Es una situación compleja porque X ha cumplido en Brasil con muchas órdenes de bloqueo, pero ha comenzado a suceder que la Justicia silenciaba a congresistas o a candidatos políticos por mensajes que podían ser quizá polémicos, pero que estaban protegidos por el derecho a la libertad de expresión. La orden de bloqueo total proviene del rechazo de la empresa de bloquear algunas cuentas con lo cual, en cierto sentido, se puede decir que X o Twitter está actuando de acuerdo a la libertad de expresión que también está obligada a respetar. Entonces, concuerdo con Franco en que sacar a X de Brasil es una medida desproporcionada, en particular porque existen otras disposiciones alternativas para conseguir los efectos buscados por la Justicia. En líneas generales, el bloqueo de X es para mí contrario a la libertad de expresión. 

8) ¿Es la polarización extrema una de las razones de fondo que explican el caso de Brasil, y, en términos globales, la desinformación y la violencia en línea? 

Moreno Román:

-En el conflicto de Brasil se ve la confrontación ideológica que separa a los seguidores de (Jair) Bolsonaro de los de Lula (Da Silva). En esta pelea de blancos y de negros esta rota definitivamente la posibilidad de razonar, y de dar un lugar a las visiones intermedias. Y el dueño de X está jugando muy fuerte en este terreno: lo estamos viendo también en el caso argentino y en el apoyo a (Donald) Trump. Mi sensación es que el discurso polarizante es una unidad de negocio basada en la explotación de las emociones que habitan en los extremos, y en la generación de un espacio de catarsis impune y anónimo. Esta cuestión de la polarización es algo que está totalmente presente en nuestros debates como periodistas. Nosotros no estamos ni de un lado ni de otro: no nos interesa estar, pero parece que si adoptamos esta posición, somos tibios. Es insano lo que les voy a proponer pero, si ustedes van a los comentarios en los posteos que nosotros hacemos, verán que nos dicen que somos comunistas y, en el renglón siguiente, nazis. Las redes habilitan eso en su micromundo, pero pesan en la realidad que nos incumbe y eso es algo que hoy a la política le interesa sostener en el sentido de utilizar esa grieta casi como modo de entretenimiento mientras afuera suceden otras cosas. 

Gatti:

-Coincido con Paula en que efectivamente hay un microclima que reproduce o replica muchas de las discusiones de la actualidad. Me parece que la grieta o que la polarización es una realidad de nuestro país que se fortalece en Twitter o en X. El tema radica en que, como planteamos a partir de algunas de las preguntas anteriores, parece que no hay límites precisamente porque existen pocas fronteras institucionales para trabajar. Entonces, estamos como encerrados en el fenómeno y parece que sólo se contribuye a acrecentarlo. Y hay una relación un poco revuelta entre lo que efectivamente ocurre en la realidad y lo que sucede en las redes de tal forma que no sabemos bien dónde estamos parados. 

Ante esto, uno ve que el periodismo también puede contribuir a la polarización y de hecho esto se advierte en ciertos medios y periodistas abiertamente embanderados con un polo de la discusión. Esto es lo contrario al periodismo profesional que tuvimos en el siglo XX, y se parece más al del XIX en el sentido de que quienes estaban en la prensa eran personas que hacían periodismo y, luego, eran senadores y hasta presidentes. El proyecto político estaba muy explicitado en el siglo XIX mientras que en el XX, el periodismo profesional desplaza a ese periodismo abanderado. ¿Qué se procuraba? Cierta imparcialidad y disposición para criticar. Perder estos atributos alimenta la polarización porque los periodistas profesionales pueden funcionar como verdaderos mediadores en esa grieta. Un periodista creíble es una persona que puede funcionar como un puente sobre esa grieta siempre y cuando esté dispuesto a criticar lo que evidentemente está mal. De esto depende la posibilidad de despolarizar. 

Después existe una responsabilidad, me parece que muy clara, de las autoridades públicas que estas deben asumir para dar un valor verdadero o un mayor valor a la representación estatal. Está visto que el apoyo del 51% de la población resiste muy poco tiempo. Si querés consolidarte políticamente y desarrollar un proyecto transformador, necesitás un consenso más grande y razonabilidad. Polarizar tiene patas cortas y llega un momento en el que ya no alcanza. 

Por último, lo que decía Paula sobre el negocio de la polarización es correcto, y me parece que los Estados tienen o tendrían que idear herramientas para limitarlo. Un ejemplo es el funcionamiento del algoritmo que favorece la expresión de ideas extremistas o polarizantes por el nivel de interacciones que genera. El Estado puede intervenir para regular esa actividad económica y reducir los efectos nocivos que la polarización tiene en la sociedad. 

9) ¿Qué pueden hacer los periodistas mientras tanto respecto de la violencia en línea? 

Moreno Román:

-Lo primero que podemos hacer los periodistas es no normalizar y corrernos del lugar de que las cosas son así. Esto me preocupa mucho porque siento que hay periodistas que aceptan que las cosas están dadas de esta manera y que hay asuntos más importantes para atender en el día a día. Quizá estemos pidiendo mucho porque los periodistas estamos dando una pelea muy dura por la subsistencia atendiendo cuatro trabajos a la vez y, por lo mismo, con una exposición alta al error. Esto es parte de lo que nos pasa. FOPEA no es un gremio, pero no podemos no pensar en las condiciones laborales y en cómo eso incide en toda esta realidad. Las redes son nuestra vidriera, y enfrentamos allí desde la necesidad de trabajar la marca personal del periodista, porque ya la del medio no funciona o es débil, hasta el hostigamiento. Desde el lugar que nos toca, los periodistas tenemos que ser racionales y sostener la calidad. Me parece que lo que tenemos que hacer es seguir eligiendo el periodismo y posicionándonos en todas circunstancias desde las premisas fundamentales de la profesión. 

Boulin:-Nunca conviene replicar la violencia en línea. Lo más simple es el bloqueo. Hay que recordar que quien te ataca lo que busca es que vos respondas de modo que contestar es entrar en el juego. Lo otro que también creo que vale la pena es denunciar la agresión en la propia red social. También es necesario mostrar el problema y tratar de encontrar protocolos de actuación así como ponerlo a consideración del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, que para mí sirve muchísimo porque registra el hecho. Por otro lado, fortalece la búsqueda de salidas con las propias plataformas, algo que entiendo que FOPEA tiene en su radar. 

Gatti:-Yo voy a seguir vendiendo el proyecto de las #100 Buenas Prácticas para la Defensa del Periodismo porque allí hay una gran cantidad de acciones que se pueden acometer, por ejemplo, a los fines de fortalecer la ciberseguridad y de saber cómo proceder para identificar el origen del ataque. Hay medidas sencillas como actualizar las contraseñas de los correos y de las redes sociales; revisar la información personal existente en línea, etcétera. Si un ataque ocurre, hay que alertar al medio de comunicación y al Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA.