By Apremiada por el objetivo de conseguir dinero para operar a su hija, Maribel Rodríguez aceptó transportar droga en el cuerpo entre Bolivia y la Argentina. Es el punto de partida de un caso que muestra el cambio de cultura judicial al menos respecto de las mujeres de la frontera.
NOTA DE LA REDACCIÓN: Iago Vieyra elaboró esta crónica con el acompañamiento de la Red Federal de Periodismo Judicial. La pieza forma parte de la investigación “Mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la Justicia argentina” (Julio de 2024). Se trata de un proyecto de la Red apoyado por el Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas (FINND) de la Fundación Gabo y Open Society Foundations.
Maribel Rodríguez se puso en contacto con la persona indicada en la frontera, en la ciudad boliviana de Yacuiba. Le dieron el paquete y la promesa: 700 dólares. “Tenía que adosarlo a mi panza”, recuerda. Decía que sí a todo, era la primera vez que hacía algo parecido. Nunca había estado en una situación así.
Emprendió viaje desde Salvador Mazza, provincia de Salta, frontera seca con Yacuiba, con destino a Córdoba acompañada de un kilo de cocaína y de su hijita. A cada paso la consumían un poco más los nervios y la culpa.
En Jujuy, un operativo protocolar de Gendarmería frenó el micro. La requisaron: 998 gramos de cocaína. Quedó detenida y la imputaron por transporte de cocaína, un delito penado con entre cuatro y 15 años de cárcel.
Pero paradójicamente fue absuelta. Mario Juárez Almaraz, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, la exculpó. El magistrado acogió los fundamentos de la defensa pública: el contexto en el que vivían ella y sus hijos no le habían dejado otra opción que transportar la cocaína. Algo que en el derecho penal se conoce como estado de necesidad justificante o exculpante.
La imputada había sufrido una salvaje violencia de género durante seis años. No tenía el secundario completo, tampoco había accedido al mercado laboral formal. Sus ingresos eran mínimos, ni ella ni sus hijos gozaban de cobertura médica.
Pero el gran detonante para la absolución fue otro: la malformación congénita de su hija en la mano izquierda. Cuando Maribel la llevó al Hospital Materno Infantil de Salta, los médicos le advirtieron que cuanto más se postergara la cirugía, menos posibilidades tenía la niña de recuperar la mano.
“El accionar de Rodríguez estuvo justificado porque, con aquel, intentó darle calidad de vida a su hija y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la posicionó frente al delito como única alternativa posible”, concluyó el juez Juárez Almaraz en su fallo absolutorio.
Ante la disyuntiva Maribel eligió el mal menor. ¿Transportar un kilo de cocaína, o que tal vez su hija nunca pudiera recuperar la funcionalidad de la mano? El inciso tercero del artículo 34 del Código Penal de Argentina estipula que no habrá castigo para quien cometa un mal con el fin de evitar otro mayor.
Maribel recuperó la libertad, mas no la calma. El fiscal federal subrogante Sebastián Gabriel Jure apeló la absolución. El 10 de diciembre de 2019 el caso recayó en la Sala III de la Cámara de Casación Penal. Los magistrados Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani dieron vuelta el veredicto.
En esta segunda instancia y ya en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el tribunal falló por mayoría a favor de la postura del fiscal Jure, y decidieron mayoritariamente condenar a Maribel Rodríguez por el delito de transporte de cocaína.
El Ministerio Público Fiscal esgrimió que, si bien la acusada había sido víctima de violencia de género, no recibía agresiones al cometer el delito porque la relación con el padre de sus hijos había terminado meses atrás. Argumentó también que existen hospitales públicos donde podría haber tratado la malformación. Y que la nena no se encontraba en una situación de vida o muerte que justificara la urgencia de conseguir dinero a cualquier costo.
Ante la condena, llegó también la apelación de la defensa. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la condena y ordenó que un juez volviera a revisar el caso y le pusiera punto final.
Así fue que el expediente llegó a las manos de Ángela Ester Ledesma, jueza de X
Casación, quien volvió a absolver de culpa y cargo a Maribel Rodríguez el 5 de marzo de 2021. La jueza desarmó los fundamentos del fiscal Jure. “Desconocer la situación de necesidad que primó sobre Maribel Rodríguez implica caer en una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género, propia de las estructuras androcéntricas”, se lee en el fallo.
Según la jueza, el fiscal Jure había omitido que para atenderse en el hospital infantil de Salta, Maribel y su hija tenían un viaje de 14 horas ida y vuelta. Les era imposible sostener económicamente la operación que podría costar hasta 4.500 dólares más la estadía de la internación. Si bien Maribel no era golpeada por su ahora ex pareja al momento del delito, seguía sufriendo violencia económica y psicológica, argumentó Ledesma.
En total, la causa contra Maribel pasó por las manos de cinco jueces. Tres concluyeron que no correspondía condenarla.
Después de la última sentencia, Maribel recuperó las riendas de su vida. Ya alejada de los vaivenes de los tribunales, conoció a su actual pareja y fue mamá por tercera vez. Sigue viviendo en Salvador Mazza, a pasos de la frontera que le enseñó cómo funciona la saña injusta con el último eslabón del tráfico de cocaína, las mujeres más necesitadas son piezas tan importantes como descartables para el crimen organizado.
Maribel no logró juntar el dinero para tratar a Zamira que está en segundo grado y tiene una maestra especial que la ayuda a adaptarse y mejorar todo lo posible la funcionalidad de su mano izquierda.
Un negocio redondo para los narcos
Bolivia y la Argentina comparten 742 kilómetros de frontera. Buena parte del contrabando pasa por ahí, incluidos los pequeños cargamentos de entre uno y ocho kilos de cocaína en el cuerpo de las mujeres.
Cada semana son detenidas unas diez mujeres, que la prensa y la policía llaman “mulas” o “bagayeras” y que viajan desde los pasos de frontera de Salta y Jujuy, según el Ministerio Público de la Defensa.
El crimen organizado mueve la cocaína con mujeres porque es una opción económica y segura. Cada una recibe un pago de entre 600 y 1.000 dólares por viaje, posiblemente mucho menos que lo que costaría garantizar la logística a través de una cadena de coimas a quienes tienen a cargo los controles, coinciden actores de la justicia.
Ser “mula”, recuerda Maribel al teléfono, “era algo que pagaba bien”. Después de que Maribel le contara los habituales episodios de violencia a una “amiga”, después que se mostrara dispuesta a todo para conseguir el dinero que le devolviera la funcionalidad de la mano a su hija, le llegó la propuesta para juntar mucho dinero en poco tiempo.
Que la cocaína cruce fronteras en el cuerpo de las mujeres es un método seguro para el capitalista. Las organizaciones “buscan personas con necesidades que les sea imposible decir que no. Y esa persona casi nunca conoce quién la contrató”, dice Eduardo Villalba, titular de la Unidad Fiscal Federal de Salta.
“En una causa que tuve en Jujuy, había una persona que buscaba mujeres que tuvieran familiares enfermos”, explica Villalba.
A los tribunales fronterizos llegan “muchas mujeres de Bolivia, de comunidades aborígenes inclusive, algunas solo hablan quechua, vienen de situaciones de vulnerabilidad de toda naturaleza. Las captan y las mandan para acá”, dice Matías Gutiérrez Perea, coordinador de las unidades del Ministerio Público de la Defensa en Salta y Jujuy.
Jefas de familia, jóvenes, sin antecedentes, víctimas de violencia de género, sin estudios completos ni posibilidades de salida laboral. Casi todas las mujeres que resultan detenidas por contrabandear cocaína son representadas por un defensor público ante la Justicia. “Por lo general, las reclutan señoras conocidas de un conocido. O directamente ni las conocen y las cruzan en la calle para ofrecer el trabajo. Cuando las detienen no saben nada, ni quién las contrató ni de dónde sale la droga”, relata Gutierrez Perea quien, como defensor de oficio, representó a Maribel Rodríguez ante el Tribunal de Jujuy donde la absolvieron en primera instancia.
“Nadie transporta droga para comprarse un celular nuevo. Todos los casos se explican por necesidades que no se pueden solventar por el camino legal”, sintetiza Gutiérrez Perea.
Estas mujeres aceptan cometer el delito confiadas en que no van a ser detenidas: es un fenómeno que existe hace décadas, según el coordinador de defensores públicos.
Las condiciones de vulnerabilidad llevan a límites mortales a estas mujeres. Algunas aceptan transportar la cocaína dentro de sus cuerpos, dosificada en cápsulas. Un envoltorio roto puede ser fatal.
Por suerte entre 2023 y el primer trimestre de 2024 no se registraron casos en Salta y Jujuy. La metodología desapareció del radar de la Justicia después de que en 2022 ocurriera la muerte de Rosana López.
Una de las 74 cápsulas que llevaba en el estómago explotó mientras viajaba en un micro a la provincia de Chaco acompañada por Jessica Nahir Figueroa, encargada de vigilar y coordinar la operación. Cuando bajaron del micro las esperaba otro miembro de la banda propietaria de la cocaína. Juntos intentaron sin éxito que expulsara las cápsulas del cuerpo de Rosana durante casi dos días la privaron de recibir atención médica. Cuando advirtieron que no tenían forma de salvar las cápsulas, arrojaron su cadáver a un costado de la ruta 26.
El 10 de mayo pasado Figueroa fue condenada a 10 años de cárcel por el transporte de la droga en el estómago de la víctima. Pero tanto ella como su colaborador resultaron absueltos del homicidio en primera instancia. Esta sentencia será revisada en Casación.
La complejidad de la frontera
“A esta altura, nadie en esta jurisdicción aplica todo el peso de la ley a una ‘mula’. Pero es algo que sí hemos hecho años atrás”, reconoce el fiscal Eduardo Villalba.
“Hoy no existe un fallo de una mujer donde no se cite la perspectiva de género. Hace cinco años atrás no estaba en el mapa del Poder Judicial usar esta herramienta para analizar la situación de las mujeres”, afirma Gutiérrez Perea.
Las mujeres que participan del tráfico de cocaína tienen un panorama distinto cuando se enfrentan a los tribunales. Las argentinas pueden optar por aceptar su culpabilidad, en juicio abreviado, y ser sentenciadas sin pasar por la cárcel. La otra alternativa es ir a debate oral para conseguir la absolución, como ocurrió con Maribel. Pero la defensa debe probar el estado de necesidad justificante.
Para las imputadas extranjeras se abre un capítulo aparte, ya que, como están de paso por el país, no tienen recursos, domicilio ni familia en el lugar donde están siendo juzgadas. En un contexto de cárceles que no están preparadas para alojar mujeres, como sostiene Macarena Fernández Hofmann, coordinadora de política criminal y violencia en el encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), lo que se empezó a hacer es a flexibilizar el acuerdo entre las partes para que se desarrolle un juicio abreviado, generalmente con condenas por debajo de la mínima, y para que se proceda a decretar la expulsión anticipada de las mujeres extranjeras. El principal impedimento para esto es el artículo 64 de la Ley de Migraciones (Nº 25.871), que ordena cumplir la mitad de la pena antes de la expulsión, escollo que las defensas atacan, cuando hay chicos a cargo, con el argumento de la superioridad normativa de la Convención de los Derechos del Niño y de la necesidad de reunir a las madres con sus hijos.
Si bien las salidas para las imputadas extranjeras por transportar droga no están exenta de detractores y de críticas, existen transformaciones relevantes en el tratamiento de esas causas y de las de las argentinas. Con la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) en Salta y Jujuy, más la capacitación de los actores judiciales a través de la Ley Micaela, dos políticas que se aplicaron desde 2019, comenzó a notarse en los fallos referidos a esta temática un claro cambio de tendencias.
El trato mano a mano con las personas propulsó la modificación. “Nos cambió la óptica, ahora tenemos una Justicia con rostro. Estamos cara a cara con la imputada y el juez. Así uno se da cuenta de aquellos casos dramáticos de extrema vulnerabilidad. Yo fui fiscal 20 años con el otro sistema, y lo único que veías era el expediente. Te cambia diametralmente conocer a la persona, la audiencia le da otra sensibilidad al caso”, completa Villalba.
“Puede haber una pequeña resistencia todavía, pero ya no queda ningún juez o fiscal sin citar la perspectiva de género. Discutimos los alcances, pero hay un avance tremendo”, opina el defensor Gutiérrez Perea.
En cuanto a Maribel Rodríguez, hay algo que, después de haber pasado por el criterio de cinco jueces y haber estado privada de la libertad en su casa durante ocho meses, hasta hoy la sorprende: “ni los gendarmes que me detuvieron, ni el fiscal, ni nadie jamás me preguntó quién me dio la droga o si tenía algún jefe”.
