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Repudio a la amenaza sufrida por una periodista de Rosario

Andrea San Esteban estaba investigando acerca de un probable campo de concentración de la última dictadura militar, ubicado cerca de otro conocido como “La Calamita”. Fue intimidada en plena calle y posteriormente seguida por un vehículo.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudia enérgicamente la amenaza de muerte que sufrió la periodista Andrea San Esteban el pasado 24 de enero en una calle de la ciudad Rosario, Santa Fe.

San Esteban, quien se desempeña en la radio LT8 y el diario Rosario/12, entre otros medios, fue abordada por un individuo con anteojos oscuros en la calle Mendoza de la citada ciudad a las 2 de la madrugada, quien le dijo: “Te vamos matar en el cuarto”. Horas más tarde la periodista vio a la misma persona observándola desde un automóvil. San Esteban realizó el 5 de febrero la denuncia pertinente junto al Sindicato de Prensa de Rosario ante la Fiscalía Nº 8 de esa ciudad, a cargo de la Dra. Liliana Di Taranto.

Según manifestó San Esteban a FOPEA, la amenaza puede relacionarse con la investigación periodística sobre un probable campo de concentración de la última dictadura militar cercano a otro centro de torturas denominado “La Calamita”, en Granadero Baigorria, Santa Fe. La amenaza de muerte llegó después de que la periodista publicara notas sobre el tema en Rosario12.

FOPEA, una organización que agrupa a 220 periodistas de todo el país, exige a las autoridades provinciales y nacionales que brinden toda la protección necesaria a San Esteban y que avancen a paso firme en la investigación del hecho.

En 24 años de democracia fueron muchas las veces en que periodistas que investigaron violaciones a los derechos humanos resultaron amenazados, presumiblemente por sectores vinculados a los represores. Sin embargo, a la luz de gravísimos antecedentes registrados desde el reinicio de los juicios por violaciones a los derechos humanos, todas las alarmas deben encenderse en casos como el que ahora afecta a San Esteban.

FOPEA reclama a los gobiernos nacional y de Santa Fe que resguarden con eficiencia el derecho a que los argentinos sean informados sobre lo ocurrido durante la última dictadura militar.

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