By La psicóloga Milena Pozo batalla desde 2017 para librarse de la causa penal que le había iniciado una paciente con fibromialgia tras hacer dos tomas de cannabis. A partir de esa denuncia, la Justicia de Córdoba imputó a Pozo por comercialización agravada de estupefacientes, un estigma que a ella le resulta intolerable.
NOTA DE LA REDACCIÓN: Mara Resio elaboró este reportaje con el acompañamiento de la Red Federal de Periodismo Judicial. La pieza forma parte de la investigación “Mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la Justicia argentina” (Julio de 2024). Se trata de un proyecto de la Red apoyado por el Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas (FINND) de la Fundación Gabo y Open Society Foundations.
Envuelta en sábanas blancas, la psicóloga Milena Pozo de 46 años se desperezaba en su cama. Tenía que entrenar, pero su cuerpo cansado no despertaba con el nuevo día. El barrio Pinares, en el Valle de Calamuchita, provincia de Córdoba, todavía se mantenía en silencio.
Eran las siete de la mañana del nueve de noviembre de 2017 cuando un ruido fuerte, contundente y demasiado cercano retumbó en la recámara. Abrió los ojos. Parecía una explosión. Se levantó, se puso la bata y salió de la habitación. Mientras bajaba por la escalera hacia el living comedor, vio policías con armas, cascos y filmadoras se movían de un lado al otro.
“Estamos acá por una denuncia de cannabis”, dijo uno de los agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y la dueña de casa contestó: “acá tengo”.
Una valija con 10 goteros de aceite de cannabis estaba al costado de la puerta derribada. Aparte había otras botellas con medio litro de aceite en los antebaños. Pozo es corredora y el cannabis le alivia los dolores en las piernas. Su pareja es entrenador de corredores y maratonista, el cannabis baja su estrés. Sus dos hijas mayores de edad, que practican atletismo, lo usaban para relajarse y aliviar los dolores post entrenamiento.
Pero esa mañana nadie corrió. “Estuvimos durante horas sentados en un sillón los cuatro. También la beba de un año de una de mis hijas. Mientras tanto, tiraban todo abajo”, recuerda la psicóloga.
Ese mismo día habían allanado también sus dos consultorios de Río Tercero. Por la tarde, Pozo fue detenida. “Nunca me voy a olvidar la cara de la policía que dirigía el allanamiento cuando cortó el teléfono con el fiscal y dijo que debía llevarme. No estaba convencida, pero habían montado tremenda movida. Quedaba mal si no me detenían”, recuerda a casi siete años del allanamiento.
En 2016, Milena escuchó hablar del cannabis medicinal. En ese momento circulaban muchas noticias, leyó notas y escudriñó publicaciones sobre los beneficios del aceite que hacía Mario Juliano, el ahora difunto juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea. Lo utilizaba para frenar los dolores de deportista. “Le escribí por las redes y me dijo que la pomada y el aceite eran muy buenos. Así me enteré de las propiedades de la planta”, cuenta la psicóloga. A través de un paciente que le comentó que usaba aceite pudo conectarse con cannabicultores que le vendieron para probar. La primera vez no pasó nada, recién tres semanas después empezó a sentir alivio y relajación.
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“¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estás bien?”, escuchó por la noche a una de sus hijas gritándole desde la calle. Se quebró. Ya había recibido una carta de ella y la comida que le había preparado.
Pozo pasó la noche en la celda de una comisaría por primera y última vez. El espacio de tres metros por cuatro estaba pintado de gris: no tenía luz y la ventana, muy alta. Los bancos eran de mampostería. Leyó el primer capítulo del libro “¿Para qué sirve la filosofía?” de Darío Szeta hasta que no pudo continuar por falta de iluminación y de los anteojos que no la dejaron ingresar. “Necesitaba pensar en los porqués. La filosofía abre esos caminos. Consideraba necesario hacerme preguntas”, dice ahora Pozo.
Caminó en círculos en ese espacio diminuto. Hizo sentadillas. Y pensó en su futuro. “Si me detienen unos años voy a estudiar, a hacer talleres artísticos y a entrenar”, pensó.
Estuvo sola en la celda hasta la madrugada, cuando ingresó una chica embarazada de 19 años. “Era la hija de una mechera (ladrona de tiendas) muy conocida, la engancharon en la calle mientras el novio vendía drogas, huyeron y la agarraron”, recuerda. Pese a su corta edad, la joven era “muy experimentada” en detenciones. “Me decía: ‘si te trasladan tratá de ir al penal de Bouwer, no a Villa María’”.
Al día siguiente, cuando volvía de declarar en la fiscalía de lucha contra el narcotráfico, en los Tribunales de Río Tercero, desde el patrullero vio a otra de sus hijas por la calle y ella también identificó a su madre. Fue pura casualidad. “La angustia fue terrible. Afortunadamente cuando ingresamos a la celda, ya sin las manos esposadas, pude recibir el abrazo de mi compañera de encierro que se conmovió y me acompañó mientras me calmaba”.
Pozo se derrumbó al imaginar una vida alejada de sus cinco hijos y nietos. Estaba tomada por el dolor de estar lejos.
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Pozo había empezado a ser “puente” porque tenía una paciente, paradójicamente con diagnóstico de fibromialgia, que había usado el aceite con muy buen resultado.
Desde entonces, acompañaba a personas a morir en tratamientos paliativos con cannabis terapéutico. “Por lo general son pacientes oncológicos que utilizan gotas de cannabis”, cuenta.
Una paciente de Pozo que tenía también fibromialgia, una enfermedad que produce dolores en el cuerpo, fatiga y problemas de sueño, la había denunciado en la Justicia luego de descompensarse al ingerir dos tomas de aceite de cannabis, de 3 gotas cada una, de un aceite con alto porcentaje (80%) de CBD, según declaró.
“La médica que la atendió en la guardia le dijo que se sentía mal por el aceite. Pero no hubo tiempo que el producto actuara. La sustancia debe provocar una sensibilización, pero eso no pudo suceder con tres gotas un martes a la noche y otras tres al día siguiente”, opina la psicóloga. “Hice muchos cursos sobre cannabis. Sabía qué cepa servía para cada dolencia y conseguía el aceite, no cultivaba ni vendía”, explica.
Pozo defiende la calidad. “El aceite lo elaboraba uno de los cannabicultores que proveía a las ‘Clínicas del Cannabis’ en Córdoba. Era de los más probados en la provincia”, asegura.
Sin embargo, la Justicia de Córdoba la imputó por comercialización agravada de estupefacientes en noviembre de 2017. También por ejercicio ilegal de la medicina y lesiones leves. Además, imputaron al (ahora) ex novio de Pozo por comercialización de sustancias estupefacientes agravada y a dos personas más por comercialización agravada que en términos prácticos implica de seis a 20 años más de pena. Los acusaron por vender aceite, cremas y tinturas de cannabis.
La imputación dejó marcas en su vida personal y profesional. “La estigmatización que generó la causa en mi contra llevó a que me apartaran de mis tareas en el Equipo Profesional de Acompañamiento Educativo del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Aún hoy no pude volver, pese a que nunca se cuestionó mi labor”, relata Pozo.
Hubo algunos pacientes que no quisieron continuar la terapia. Tampoco pudo seguir trabajando como responsable del Centro de Atención Primaria de Salud de Villa Quillinzo porque en el allanamiento le sacaron el auto y no tenía cómo llegar al lugar. Hizo varias peticiones por su auto, pero siempre le contestaron que más adelante se resolvería la cuestión. Nunca se lo devolvieron. A su vez, la colega con quien compartía consultorio se rehusó a atender en el mismo espacio que ella. Y en el otro consultorio le impidieron seguir trabajando.
En mayo de 2022, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Tercero la condenó a tres años de prisión en suspenso por comercialización de estupefacientes y ejercicio ilegal de la medicina. Fue absuelta por lesiones leves.
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“La sanción es durísima, se debe a un desconocimiento de quienes tienen el deber de juzgar”, explica el abogado de Pozo, Tomás Aramayo. Para él “no existe nexo causal” entre la afección de la denunciante y la ingesta de las gotas de aceite. “El efecto no fue probado por los peritos”, aclara.
Uno de los expertos implicados en la causa, el médico Leandro Ángel Lamberti, sostuvo que “una intoxicación relevante a partir de la sustancia requeriría tomar seis o siete goteros”. Otro perito, el médico Federico Racca, que trabaja para Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, sostuvo que “no se recogieron las características médicas y clínicas suficientes para aducir una causalidad específica respecto a los efectos adversos que la paciente aduce con el cannabis medicinal”.
Además, Aramayo asegura que “no había fin de lucro”, ya que solo acercaba el aceite que conseguía de un cannabicultor. “La ley de estupefacientes sanciona el tráfico ilícito de drogas y, por ende, no es aplicable en este caso”, detalla.
La condena sorprendió a la mujer. Confiaba que la Justicia provincial fallara a su favor como lo había hecho la Justicia Federal de Córdoba en dos causas famosas de cannabis. Al productor de cannabis medicinal Daniel Landgren lo absolvieron en septiembre de 2021 y al médico Carlos Laje, a cargo de la “Clínica del Cannabis”, lo sobreseyeron en marzo de 2024.
Ambos procesos penales habían comenzado, como el de Pozo, luego de la sanción de la ley de cannabis con fines terapéuticos. Las causas de Laje y Landgren fueron resueltas por la Justicia Federal por “la gran cantidad de estupefacientes” en juego. Pero, por la pequeña cantidad de producto en su poder, la psicóloga había quedado en manos del Poder Judicial local que sigue sin resolver su situación. Sí, los que tenían más cannabis habían salido indemnes.
“Son años de muchos altibajos emocionales. El no saber qué sucedería ni cuándo ni cómo seguiría mi vida era una espada de Damocles. La incertidumbre y la amenaza de un posible futuro de encierro no me permitían proyectar”, cuenta sobre el tiempo que duró el proceso judicial desde el allanamiento hasta la condena.
El fallo fue apelado con un recurso de casación, que está pendiente de resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.
“Vivo con angustia la falta de resolución judicial. Al no resolverse (mi causa) no se qué va a pasar en mi vida personal, con mi matricula de psicóloga (al no haber condena firme no está suspendida) y si tendré que apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual implicaría miles de dólares para pagar abogados y no tengo ese dinero. La incertidumbre de no saber qué va a suceder afecta mi salud mental día tras día”, afirma Pozo.
Aunque dejó de ser el “puente” entre pacientes y productores de cannabis, sigue pagando un alto precio familiar. Todavía siente vergüenza frente a sus hijos, aunque nunca recibió reclamos. Con su pareja hubo un quiebre. “Los reproches se hicieron presentes, más aún, cuando él también fue imputado al año siguiente. Nos separamos”, relata.
Hace siete años que Pozo espera. Se quedó sin pareja, sin auto, sin trabajo. Los tiempos de la justicia no son los de Pozo. Dice que, si la absuelven le hará juicio al Estado por daños y perjuicios. Su regreso al Ministerio donde prestaba servicios también depende de su absolución. Pozo ha hecho todo lo que estaba a su alcance. Ahora, como hace siete años, sigue esperando, pero en condiciones más desventajosas. Para ella la condena ya sucedió. Fue por seis gotas de aceite de cannabis.
