Situación de la libertad de expresión en la Argentina

Consultado por una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa que visitó el país en marzo de 2005, FOPEA respondió con un informe síntesis de las principales amenazas que enfrente el periodismo argentino en la actualidad. La SIP nuclea a más de un millar de editores de diarios de todo el contienente.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) considera preocupante la sucesión de situaciones, hechos y conductas de funcionarios del poder público que afectan y amenazan a la libertad de expresión en el país, situación que se ha ido agravando con el correr de los últimos meses.

A lo largo del año 2004, en diversas oportunidades FOPEA ha manifestado su preocupación, ha solicitado información y ha requerido acciones del Gobierno tendientes a rectificar conductas y acciones.

Sólo a modo conceptual y no con carácter taxativo se transcriben aquí una serie de situaciones que afectan la tarea periodística, entre las que se incluyen aquellas sobre las que FOPEA se ha expresado:

1.  Existe un ambiente de intolerancia, de escasa tolerancia o directamente de maltrato hacia periodistas y medios que se expresan con independencia o espíritu crítico. Tal actitud se manifiesta en el habitual señalamiento o la descalificación públicos de quienes difunden hechos que molestan al Gobierno o que opinan en disidencia con la posición oficial. Al respecto y por actualidad, pueden citarse las expresiones críticas y descalificativos de diversos funcionarios, entre los que se destaca la de un ministro, a raíz de la difusión del escándalo de tráfico de drogas a España que ocupa a la opinión pública en estos días. También cabe citar la denuncia pública hecha la semana pasada contra el vocero presidencial por la asociación que reúne a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno.
2. Existen descalificaciones generalizadas, como la acusación sin pruebas ni nombres de periodistas que percibirían dinero en forma irregular de dependencias del Estado durante el gobierno de Carlos Menem. Al respecto, FOPEA requirió sin éxito confirmaciones a la Secretaría de Inteligencia (SIDE) luego de una denuncia judicial del ex presidente Fernando De la Rúa.
3. Existen presiones reiteradas editores y periodistas, mediante, como mínimo, frecuentes llamados de tono intempestivo y, en algunos casos, intimidatorio de altísimo funcionarios del gobierno nacional, situación que en algunas circunstancias lleva a la autocensura o la censura ante la debilidad económica o afinidad política de determinados medios.
4. Denuncias de conspiraciones mediáticas sin ofrecer pruebas ni indicios suficientes, como lo han expresado en casos concretos diversas organizaciones de periodistas y de propietarios de medios.
5. La utilización arbitraria de información que debería ser pública, con la que se premia a medios o periodistas que el Gobierno considera confiables y con la que se castiga a quienes se considera no confiables.
6. La falta de una relación madura con la prensa y el desconocimiento del rol de ésta, manifestado, entre otras cosas, en la decision presidencial de no brindar conferencias de prensa y no contestar preguntas de los periodistas en 22 meses de gobierno.
7. La utilización arbitraria, sin criterios transparentes, de recursos del Estado. 7a. Al respecto merece citarse la discrecionalidad en el otorgamiento de publicidad oficial, sobre lo que FOPEA también requirió información a la jefatura de Gabinete que no fue oportunamente aportada después de que esa dependencia se la hubiera negado a un medio que la requirió alegando el decreto número 1172/03 del presidente Néstor Kirchner que garantiza el derecho de acceso a la Información y que fue todo un avance en la lucha por la transparencia pública, luego de que el menemismo se escudara en la cultura del secreto de Estado para ocultar decenas de casos de corrupción. La información le fue finalmente entregada, a fines del año pasado, a Poder Ciudadano, luego de solicitarla en el marco de decreto 1172, aunque no obtuvo respuesta a su solicitud por escrito para conocer los criterios de asignación de la misma, ni los motivos por lo que se aumentó el gasto en relación al monto asignado en el Presupuesto nacional. 7b.– También corresponde citar la ausencia de razones explícitas o de normas para permitir o no a determinados medios y periodistas viajar en el avión presidencial o ser parte de comitivas oficiales, hecho sobre el que FOPEA también se pronunció y requirió información y medidas infructuosamente.
8. Otro hecho preocupante es la impunidad o la falta de acción de ciertos jueces que deja a la prensa en una situación de debilidad y expuesta a contrademandas u hostigamientos judiciales por parte de ex funcionarios menemistas, como ha señalado y documentado el informe de 2003 de la Asociación Periodistas. Todo a pesar de que este gobierno inició un proceso de renovación de la Justicia con el juicio político a los jueces que integraban la llamada mayoría automática de Menem en la Corte Suprema de Justicia.
9. A estas situaciones en el nivel nacional puede y debe sumarse la situación que se vive en el interior del país, donde la mayoría de los medios están sometidos al arbitrio del manejo de la publicidad oficial de parte de gobernadores, como el caso de San Luis, Santa Cruz o Neuquén, o del gobierno nacional.
10. Por último, cabe mencionar las preocupantes modificaciones hechas por el oficialismo en el Senado al proyecto de ley de Acceso a la Información Pública, que de sancionarse en Diputados no sólo dificultaría el ejercicio de ese derecho sino que amenaza con permitir una indebida ingerencia del Estado en los medios. Al respecto se adjunta un informe específico sobre el tema.

Por todos hechos FOPEA considera preocupante la situación de la libertad de prensa en la Argentina de hoy.