By El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechaza el despido sin causa de Pablo Pla en la agencia Télam, luego de una serie de disposiciones internas intimidatorias y de alto contenido ideológico. Este caso muestra una vez más que un sector del Gobierno confunde el rol que las empresas públicas de comunicación deben cumplir ante la sociedad.
El colega, que en la anterior gestión ocupó cargos en jefaturas de sección, denunció una campaña de hostigamiento desde que asumió la conducción Bernarda Llorente. En los últimos dos años le retiraron las claves para publicar noticias e impidieron realizar tareas periodísticas lo que tuvo consecuencias directas en su trabajo diario. También recibió insultos y amedrentamientos de representantes sindicales, y –al igual que muchos otros que estaban en una situación similar a la suya– debió soportar, entre otras cosas, que colocaran en las paredes afiches con su rostro y con alguna leyenda agresiva o descalificante, así como reiteradas sugerencias de la gerencia de que renunciara.
En más de una ocasión, FOPEA cuestionó la utilización política de los medios estatales por parte del Gobierno, que ha naturalizado el uso partidario de la televisión, de la radio pública y de la agencia informativa oficial. En estos casi tres años de gestión, los contenidos de esos medios quedaron asociados a una institución política más que a un interés común de la ciudadanía.
El Estado debe garantizar el acceso a la información de todos los ciudadanos y el principal ejemplo debe provenir de los medios públicos, que manejan recursos de todos los argentinos y no de un sector político. Esta premisa debe cumplirse sin restricciones ni mucho menos presiones políticas o sindicales a los trabajadores de esas empresas.
