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FOPEA destaca la respuesta de la Justicia en la causa por amenazas al periodista Alejandro Alfie

FOPEA destaca la respuesta de la Justicia en la causa por amenazas al periodista Alejandro Alfie

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) destaca la resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires en la causa por las amenazas recibidas por el periodista Alejandro Alfie (Clarín) y su familia.

En audiencia, el juez subrogante Christian Federico Brandoni Nonell concedió la suspensión del proceso a prueba por dos años al imputado en la causa. Se le atribuye el delito de amenazas, agravado en los términos de la ley antidiscriminatoria 23.592, por mensajes enviados a Alfie a través de Instagram entre el 23 de enero y el 5 de febrero de este año. La medida contó con el consentimiento de la fiscalía y de la querella.

Durante ese plazo, el imputado deberá realizar 80 horas de tareas comunitarias en Cáritas Argentina y cursar el Taller de Intercambio y Reflexión del Centro Ana Frank Argentina. Además, deberá abstenerse de todo contacto con Alfie, su esposa y sus tres hijos. Como reparación del daño, ofreció un pedido de disculpas, que formuló en la misma audiencia, y el pago de 500.000 pesos. A propuesta del periodista, ese monto será donado en partes iguales a FOPEA y al Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA). El juzgado dispuso también ofrecer a ambas partes una instancia de mediación con fines restaurativos.

En febrero, FOPEA había condenado las amenazas de muerte recibidas por Alfie, que comenzaron tras la publicación de un artículo de su autoría. En ese momento, FOPEA había solicitado a la Justicia un rápido accionar y garantías para la integridad del periodista y de su familia. La suspensión del proceso a prueba no implica una condena ni un reconocimiento de responsabilidad. Aun así, la resolución constituye una respuesta institucional a un hecho que afectó el ejercicio del periodismo.

Las amenazas contra periodistas, en la vía pública o a través de redes sociales, buscan amedrentar y generar autocensura. Su tratamiento judicial efectivo es una señal necesaria para la protección de la libertad de expresión.

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