By Fue en la Audiencia regional organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la que participaron 25 organizaciones de la región.
FOPEA participó el lunes 8 de junio de 2024 de la Audiencia regional sobre Afectaciones al derecho a la libertad de expresión por medidas estatales de censura en las Américas, para lo cual expuso junto a otras 24 organizaciones de la región frente a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Relator de Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villareal.
Tanto la presidenta de la CIDH –Roberta Clarke- como otros comisionados y el relator felicitaron a las 25 organizaciones por su tarea colaborativa y su enfoque regional, del que participaron representantes de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua.
En la Audiencia, que se realizó vía zoom y se prolongó por 90 minutos, los solicitantes se explayaron sobre la implementación de estrategias gubernamentales para socavar la participación ciudadana y la difusión de información relevante sobre los poderes públicos.
“Evidenciamos un acentuado contexto de deterioro democrático. En este contexto, los gobiernos con agendas y discursos contrarios al Estado de derecho avanzan en el desmantelamiento de las instituciones y de las salvaguardas de derechos humanos, al mismo tiempo que construyen esquemas que facilitan la corrupción y la impunidad”, señalaron.
En el encuentro, se citó como elemento esencial de esa agenda “la persecución de la crítica”; el uso de retóricas abiertamente hostiles que califican a periodistas y personas defensoras de derechos humanos como mentirosas, enemigas u opositoras; el aprovechamiento de los desarrollos tecnológicos para desplegar mecanismos de control y vigilancia; y la instrumentalización y abuso de los mecanismos judiciales como herramientas para la censura.
También se indicó que gobiernos de cualquier ideología aplican este tipo de métodos -como los ex presidentes Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, o los actuales mandatarios Andrés Manuel López Obrador en México, Nayib Bukele en El Salvador, Gustavo Petro en Colombia, y Javier Milei en Argentina- por lo cual pidieron a la Comisión Interamericana que elabore mecanismos y respuestas para contrarrestar estas prácticas.
“Todos, sin excepción, tildan a la prensa de mentirosa, y acuden a descalificativos degradantes. Además, atacan de manera más gravosa a periodistas mujeres”, señaló uno de los expositores, al indicar que la difusión por las redes sociales de amenazas puede derivar en agresiones físicas y obstrucciones al trabajo periodístico.
“Es claro que el temor a represalias o a escaladas de estos ataques socava la capacidad de periodistas para promover la rendición de cuentas y la búsqueda de la verdad”.
Se indicó que estos ataques no son sólo a periodistas sino a las entidades que los representan y a medios, como los casos de Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en México, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia, FOPEA en Argentina, y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), “quienes son estigmatizadas y señaladas por altos funcionarios públicos, incluidos los respectivos presidentes”.
Sobre Argentina, se indicó que “hace apenas diez días, operadores digitales ligados al oficialismo iniciaron una serie de ataques contra la reputación del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA); primero difundieron un falso chat sobre la tarea del Monitoreo de Libertad de Expresión, seguido por un ataque de desprestigio e insultos hacia FOPEA y sus integrantes, a través de un hashtag que en minutos fue tendencia en X; y luego, fue el propio Presidente de la Nación quien tildó a FOPEA de “vergüenza”. El ataque sucedió luego de que FOPEA emitiera una alerta sobre la incompatibilidad de la iniciativa del gobierno de intento de reimplantar la matriculación obligatoria de periodistas”.
También se abordó la judicialización de la libertad de expresión sobre asuntos de interés público abusando de las herramientas legales, con la intención de desgastar a periodistas y a medios en lo psicológico, en lo patrimonial e incluso aumentar las amenazas e intimidaciones que ponen en riesgo también a colegas, familiares y colaboradores.
“El acoso judicial tiene un efecto negativo al inhibir la crítica, desalentar investigaciones periodísticas y generar una cultura de la autocensura que, además de afectar la labor periodística, lesiona el derecho del público a la información y el papel del ciudadano en la democracia”, afirmó Alicia Miller, de FOPEA, agregando que “en muchos casos, los jueces las admiten de manera indiscriminada sin considerar la jurisprudencia y los estándares interamericanos que advierten sobre el abuso de este tipo de estrategia”.
En ese sentido, se hizo mención a la denuncia penal que el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, formuló contra el periodista Daniel Enz, de la Revista Análisis.
Hechos aún más graves se añadieron en Cuba, Nicaragua, Colombia, Perú, Brasil, México, El Salvador y Guatemala, incluyendo el caso del periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien continúa detenido desde 2022 en condiciones preocupantes, caso emblema que busca promover la autocensura y el silenciamiento.
Las 25 organizaciones formularon a la CIDH un petitorio que incluyó los siguientes puntos:
- Que llame la atención de los Estados de la región, pronunciándose sobre la importancia de proteger los derechos a la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos frente a las medidas estatales de censura
- Que elabore un Protocolo Modelo que ahonde en los estándares ya establecidos por el sistema interamericano respecto de la libertad de expresión de los funcionarios, los derechos y obligaciones implicadas, y su impacto en las comunicaciones del Estado y en el mundo digital.
- Que adelante un informe que permita expandir la consolidación de estándares en la materia y sobre los efectos que tienen las herramientas de vigilancia.
- Que elaboren un informe sobre los pleitos estratégicos contra la participación pública como amenaza para la libertad de expresión.
Como los Comisionados y el Relator formularon más de una decena de preguntas, las organizaciones solicitantes se comprometieron a enviar un documento ampliatorio de los casos presentados en la audiencia.
