By FOPEA presenta un registro sobre violencia en línea contra periodistas con enfoque jurídico para visibilizar el incremento del discurso estigmatizante en nuestro país.
“Violencia en línea contra periodistas, jaque al sistema de protección de las libertades de prensa y de expresión” se titula el informe que elaboró el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) con el apoyo de Voces del Sur. Se trata de un documento basado en los registros del Monitoreo de Libertad de Expresión actualizados a agosto de 2024, y en la investigación de un equipo de periodistas y abogados donde intervinieron integrantes de la Red Legal.
El objetivo principal es proporcionar a la Justicia y a la abogacía del país y de la región datos e ideas para la reflexión acerca de la violencia en línea contra el periodismo profesional.
Este reporte se propone estimular la búsqueda de estrategias jurídicas respecto de este fenómeno, y la creación de respuestas de mitigación y reparación dentro del Estado de derecho, que sean de utilidad en América Latina. También procura desnaturalizar las agresiones porque, a la par de un aumento de los sucesos, se produce un acostumbramiento a las hostilidades, como si ellas no causaran daños severos en términos personales y comunitarios, y la instalación de incentivos para escalar los comportamientos violentos.
El informe incluye un repaso cuantitativo de los casos de violencia en línea registrados por el Monitoreo de FOPEA desde 2016, los resultados de una encuesta que pone en evidencia que la mayoría de los participantes considera “poco probable” o “improbable” que la Justicia argentina falle a favor del periodismo profesional en un plazo razonable y sancione a los funcionarios públicos agresores, un resumen de la evolución de las libertades de prensa y de expresión, la enunciación de medidas de protección existentes en la Argentina y el derecho comparado, recomendaciones para los Estados, las plataformas digitales y periodistas, y conclusiones.
Esta herramienta queda disponible para su consulta general, pero, en particular, para servir a los miembros del sistema judicial que deben actuar para asegurar la existencia del debate público que distingue a la democracia. El incremento sin precedentes del discurso estigmatizante contra el periodismo en la Argentina y en otros países demanda la producción de reacciones jurídicas que desalienten el acoso e impidan la impunidad de quienes lo promueven para silenciar la crítica, y la exposición de los hechos y de la evidencia que resultan incómodos.
